El «plan B» propuesto por AMLO modifica al INE a «machetazos»
La aprobación de las modificaciones a las leyes secundarias en torno al tema electoral en México fue un acto que puede catalogarse como un autoritarismo o imposición desde el Estado que no se había reportado en México desde hace varios años, así lo aseguró Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE y director de Integralia, en entrevista con Mario Maldonado a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group.
El exfuncionario dijo que la iniciativa para modificar las leyes secundarias sobre el rubro de comicios en México se presentó a las 13:00 horas, lo que impidió que los diputados tuvieran el tiempo suficiente para analizar, sobre todo porque terminaron de discutir la agenda de ese día hasta las 21:00 horas.
Destacó que esta propuesta tiene más de 300 páginas con cientos de medidas que calificó como caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien buscó que esta medida avanzara sin que los representantes pudieran leerla.
Sobre los alcances que se pretende lograr con esta iniciativa, comentó, se busca compactar al Instituto Nacional Electoral de forma excesiva por medio de la reducción de seis direcciones a tres, la fusión de las responsabilidades cumplidas por cinco funcionarios en un solo puesto que se ocupará de las 300 oficinas distritales que hay en el país. Estos cambios, comentó, se deben cumplir antes del 1 de agosto, lo cual complicará la situación que hay en el INE.
«Ahora el gobierno va a poder y decir lo que fuera», dijo.
Explicó que otra de las medidas estipula que los partidos en alianza puedan transferirse votos, de tal manera que cuando una fuerza política no alcance el mínimo de sufragios pueda pedirle a otro que le brinde los necesarios.
«Me parece una soberbia decir que no se toca, pero no se toca a machetazos», dijo.
Especuló con que el presidente buscará que esta propuesta sea avalada en el Senado el próximo martes, por lo que opinó que esta es una oportunidad importante para que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, se muestra coherente con su postura en torno al respeto de los procedimientos legislativos.
Indicó que el morenista debería turnas esta medida a comisiones, buscar que se realice un parlamento abierto en enero para el análisis y así evitar que el voto se realice a ciegas.
«Puede ser un contrapeso real a este capricho del presidente», dijo.
La oposición, dijo, tiene la oportunidad de apelar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se desconozca el procedimiento legislativo que se dio en la Cámara, debido a que no había un sentido de urgencia para que se votara en fast track.
«No se iba a caer el país a pedazos», dijo.
Además de esto, comentó, se puede iniciar una acción de inconstitucionalidad, debido a que las medidas que establecen en el «plan B» afectan la forma en la que se ejerce la democracia en el país.
