Enrique Inzunza busca ser testigo cooperante en EU; sus abogados se acercan al Departamento de Justicia

Enrique Inzunza busca ser testigo cooperante en EU; sus abogados se acercan al Departamento de Justicia

Al actual senador morenista se le señala de haber sido un enlace entre los líderes de la facción de «Los Chapitos» y Rubén Rocha Moya

Los abogados del senador mexicano Enrique Inzunza se acercaron al Departamento de Justicia de EU para hacer la gestión para ser testigo cooperante, informa una fuente del Departamento a EL UNIVERSAL. Inzunza fue secretario General de Gobierno de Sinaloa, una posición bajo el mandato de Rubén Rocha Moya.

La fuente del Departamento de Justicia dice a este medio que «un narcotraficante que se entrega y ofrece información entra principalmente en la figura de testigo cooperante; si existe riesgo real de represalias, puede además ser admitido en el programa de protección de testigos (WITSEC). Ambas figuras son distintas y pueden aplicarse simultáneamente».

Detalla que quienes hacen la gestión en el Departamento de Justicia deben ser abogados estadounidenses con registro en Estados Unidos, abogados federales

Los contactos entre abogados

El primer contacto suele darse en la embajada de Estados Unidos en México. Ahí operan los enlaces legales y las agencias federales como la DEA y el FBI. Los defensores mexicanos presentan la intención de su cliente de colaborar, un gesto que puede incluir la entrega voluntaria. “Este paso es crucial porque establece el canal diplomático y evita que la propuesta sea vista como un intento de evadir jurisdicciones”, explica a este medio el abogado internacionalista Jaime Ortiz.

La negociación sustantiva, sin embargo, ocurre en Estados Unidos. “Los defensores mexicanos deben coordinarse con abogados federales estadounidenses, quienes son los únicos autorizados para dialogar directamente con fiscales del DoJ”, señala Ortiz. En ese terreno, la figura del proffer agreement (acuerdo de oferta) se convierte en la pieza central: un documento donde el acusado ofrece información sustancial a cambio de beneficios legales.

La credibilidad es la moneda de cambio. Si el testimonio resulta útil y verificable, el fiscal puede recomendar reducciones de cargos o sentencias. Pero si la información es incompleta o dudosa, la cooperación pierde valor. “Los abogados mexicanos, en coordinación con sus colegas estadounidenses, deben preparar cuidadosamente la oferta para maximizar la utilidad de los datos”, dice el experto.

“Un narcotraficante que delata a sus antiguos socios enfrenta un riesgo real de represalias. En ese escenario, los defensores pueden solicitar la inclusión del cliente en el Programa de Protección de Testigos (WITSEC), administrado por el U.S. Marshals Service”, explica a este diario una fuente del Departamento de Justicia.

Un testigo cooperante puede ser protegido, pero no todo testigo protegido es cooperante. “Son figuras legales distintas que a veces se superponen”, comenta Ortiz. “Esta distinción es fundamental para entender el papel de los abogados mexicanos, que deben navegar entre ambas categorías según las circunstancias de su cliente».

Todo depende de la voluntad política y de la confianza mutua: “un error de procedimiento, una filtración indebida o una falta de pruebas puede romper el proceso y dejar al acusado en un limbo judicial” asegura el abogado.

Pero también hay fuerza en la cooperación, cuando funciona, permite desmantelar redes criminales que ningún país podría enfrentar por sí solo. Los abogados mexicanos, al abrir el canal, se convierten en engranajes de esa maquinaria binacional de justicia.

El dilema para los defensores es doble, ya que deben proteger los intereses de su cliente y, al mismo tiempo, garantizar que la cooperación no sea percibida como una traición a la soberanía mexicana. Es un equilibrio delicado que exige habilidad jurídica y sensibilidad política.

En la práctica, los abogados mexicanos no pueden garantizar beneficios legales ni protección en Estados Unidos. Pero si pueden abrir el canal diplomático, coordinar con la FGR, preparar la oferta de cooperación y enlazar al cliente con defensores federales estadounidenses.

Este proceso revela tanto la fragilidad como la fuerza de la cooperación internacional; “frágil porque depende de voluntades políticas y de la confianza mutua; fuerte porque, cuando se logra, puede desmantelar estructuras criminales que han resistido durante décadas”, subraya Ortiz.

La acusación contra Inzunza

En la acusación del Departamento de Justicia se le señala de haber sido un enlace entre los líderes de la facción de «Los

Chapitos» y Rubén Rocha Moya, quien el viernes pidió licencia temporal como gobernador de Sinaloa, a fin de no entorpecer

las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la acusación, Inzunza se encargaba de transmitir comunicaciones de los líderes del cártel hacia Rocha Moya respecto al

apoyo que la organización criminal brindó para asegurar su elección como gobernador.

«Al igual que ROCHA MOYA, INZUNZA CAZAREZ se reunió con los líderes de Los Chapitos y otros líderes del Cártel y acordó

planes específicos para que el gobierno de Sinaloa… apoyara y protegiera al Cártel a cambio de favores», indica la acusación.

«ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ… ayudó a los líderes de Los Chapitos a instalar funcionarios corruptos para proteger las

operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos», se menciona en la acusación del Departamento de Justicia.

«Después de que ROCHA MOYA fue elegido Gobernador, ROCHA MOYA y ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ… se reunieron con líderes

del Cártel, incluyendo a los líderes de Los Chapitos», detalla la acusación.

Además, «en esa reunión… los líderes de Los Chapitos, ROCHA MOYA e INZUNZA CAZAREZ discutieron… el hecho de que Los

Chapitos habían apoyado la exitosa campaña de ROCHA MOYA y que, a cambio, ROCHA MOYA aseguraría que Los Chapitos

tuvieran el control sobre la Policía Estatal de Sinaloa«.

Dicho control permitiría al cártel «llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas sin riesgo de interferencia por parte de las

fuerzas del orden estatales».

Inzunza se defiende

Inzunza posteó en X que «soy un hombre que ha dedicado su vida a aplicar el Derecho y a hacerlo respetar; hice carrera por más

de 25 años en el Poder Judicial de Sinaloa, del que fui su Magistrado Presidente por casi 11″.

Añadió que «rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones

falsas y dolosas, casualmente un día después de que defendiera desde la tribuna del @senadomexicano, en nombre de nuestro

grupo parlamentario @MorenaSenadores, el principio basilar e innegociable de la soberanía de México, frente a la

inconstitucional actuación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los EU, en territorio nacional, con la complicidad

de la aún Gobernadora del Estado de Chihuahua«.

Mencionó que «refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República».

Comentó que «de ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades

competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales.

«Coincido y apoyo sin reservas lo dicho por nuestra Jefa del Estado Mexicano, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein), líder de nuestro gran movimiento de transformación: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional».

Noticias Relacionadas