Estudiantes gastan 35% de sus becas en educación; usan 16% para alimentos
Aunque el gobierno entrega apoyos sin registro sobre cómo se ejercen, los estudiantes gastan los recursos en alimentos, vestido, transporte, tabaco y alcohol, muestra informe
Desde 2024, el gobierno federal entrega becas sin verificar su uso, pero los datos oficiales más recientes muestran que sólo 35.3% de los recursos canalizados a los estudiantes de niveles básico y bachillerato se destinan a educación, seguido por alimentos y bebidas, vestido y calzado, al ahorro, a comunicaciones, transporte e incluso a tabaco y alcohol.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez reconoció, vía una solicitud de transparencia realizada por EL UNIVERSAL, que no cuenta con mecanismos de seguimiento, registro o verificación sobre el destino específico de los apoyos que reciben estudiantes de primaria a bachillerato.
“Esta coordinación nacional no realiza ni cuenta con mecanismos de seguimiento, registro o verificación del destino específico que cada persona beneficiaria le otorga a los recursos recibidos, por lo que no es posible detallar de manera individual los bienes o productos adquiridos con dichos apoyos”, señaló la instancia.
El Estudio sobre el uso de las becas para el Bienestar Benito Juárez, elaborado por la Dirección General de Planeación, Análisis, Evaluación y Monitoreo de esa coordinación hace dos años, detalla que el gasto se distribuye principalmente en educación (35.3%), alimentos y bebidas (15.8%), vestido y calzado (10.5%), ahorro (10.3%) y comunicaciones (7.8%), además de un 0.3% en alcohol y tabaco.
A partir del ciclo escolar 2025-2026, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina Gutiérrez reemplaza de forma gradual a las becas Benito Juárez en nivel básico. La transición inició con secundaria en 2025 y se extendió posteriormente a primaria y preescolar.
Para 2025, el apoyo base se fijó en mil 900 pesos bimestrales por familia, con 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en el mismo nivel educativo.
Para la realización de ese reporte se levantó información de 507 participantes, en 35 escuelas prioritarias de 13 entidades del país.
Destaca además que, de acuerdo con la opinión de los padres y madres de estudiantes de educación media superior que participaron en la encuesta, la beca contribuye para que sus hijos e hijas permanezcan o concluyan sus estudios gracias a que, con ella, pueden solventar sus gastos educativos comprando artículos escolares, libros, uniformes o pagando la inscripción.
“También sugieren que la beca es una motivación para que sus hijos(as) sigan estudiando y que influye de manera positiva en la independencia que el dinero les da en la manera en que toman sus decisiones de gastos”, menciona.
El Estudio sobre el uso de las becas para el Bienestar Benito Juárez precisa, además, cuáles son los rubros a los que los becarios
universitarios y normalistas de Jóvenes Escribiendo el Futuro destinan los recursos que se les transfieren; destacan en primer
lugar el transporte público, seguido por el pago de matrícula, la inscripción y mensualidad escolar, comidas y bebidas fuera de
casa, en equipo de cómputo, así como en comidas y bebidas dentro de casa. Menciona que, contrariamente a lo que el
imaginario público sostiene, la beca es fundamental para quien la recibe, y se usa principalmente para costear las necesidades
básicas de los individuos y llevar a buen término sus estudios.
Para Fernando Ruiz, especialista en temas educativos, el estudio sobre el uso de las becas no es representativo a nivel nacional y
sus resultados deben leerse como aproximaciones, ya que reflejan cómo gastan los hogares y no el destino específico de cada
peso entregado.
Explica que el análisis se construye a partir de encuestas de ingreso y gasto, complementadas con entrevistas, lo que resulta
metodológicamente válido, pero no permite rastrear con precisión en qué se utiliza cada apoyo.
Agrega que el componente cualitativo del estudio —basado en entrevistas a beneficiarios en contextos específicos— sirve para
entender prácticas y decisiones familiares, pero no permite generalizar conclusiones a toda la población.
Más que evidenciar un “mal uso” de los recursos, agrega, los datos muestran que la beca se integra al gasto familiar.
Así, estos apoyos no sólo financian insumos escolares, sino que reducen las barreras económicas que enfrentan los estudiantes.
Ruiz subraya que el problema de fondo radica en el destino del dinero y en la falta de claridad en los objetivos del programa y
mecanismos de evaluación.
Indica que las becas han dejado de operar como una política estrictamente educativa para funcionar como una política social de
transferencias, lo cual no es necesariamente negativo, pero sí genera señales confusas para las familias sobre el uso esperado
de los recursos y complica la medición de su impacto en términos educativos.
Señala que la distribución del gasto refleja más las desigualdades estructurales que decisiones individuales. En los hogares más vulnerables, explicó, el gasto se concentra en alimentación, mientras que en niveles educativos más avanzados aumenta el peso del transporte.
Los propios datos del estudio muestran estas diferencias: conforme se avanza en el nivel educativo, el gasto en transporte crece
—de alrededor de 16.7% en educación básica a más de 21% en superior—, lo que evidencia barreras territoriales para la
continuidad escolar.
En contraste, en contextos de mayor vulnerabilidad, el gasto en alimentos absorbe una proporción significativa del ingreso, reduciendo el margen para invertir directamente en educación.
“No estamos viendo un mal uso del recurso, sino distintas presiones económicas de acuerdo con el contexto”, enfatiza.
Ante este panorama, considera fundamental fortalecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo de la política.
El reto, añade, es avanzar hacia un diseño más claro y orientado a resultados que vinculen las becas con indicadores de
trayectoria escolar y reconozca las distintas condiciones en las que operan, incorporando apoyos diferenciados, como
transporte o estrategias complementarias en zonas de mayor pobreza.
Dice Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, que la ausencia de
mecanismos de seguimiento es la evidencia de una política diseñada sin teoría del cambio.
“Si el objetivo declarado es garantizar la permanencia y conclusión escolar, resulta inadmisible que el Estado no sepa, siquiera
aproximadamente, si la transferencia monetaria efectivamente se traduce en condiciones educativas mejoradas para el becario”.
Considera que el programa opera sin los controles propios de ese tipo de instrumento.
“La palabra ‘beca’ implica, etimológicamente, la posibilidad de dedicarse de tiempo completo a estudiar (…), evidentemente no
sucede, salvo en el caso de las becas de posgrado. Esta ambigüedad de diseño es cara: tiene consecuencias presupuestarias, de
evaluación y de legitimidad ante los contribuyentes, así como ante las familias que sí priorizan el gasto educativo con sus propios
recursos”, comenta.
