Hacktivistas bajan contenido sexual y crean listado de agresores; hay 44 mil reportes por violencia digital en lo que va del gobierno actual
El Colectivo DLR baja contenido sexual explícito compartido en redes; diariamente recibe cerca de 80 denuncias
Desde Oaxaca, el Colectivo DLR, fundado por Andy Torres e integrado por nueve mujeres sobrevivientes de violencia digital, se dedica a bajar contenido sexual explícito que se comparte a través de redes sociales. Diariamente reciben cerca de 80 denuncias y han creado dos listas, una a nivel estatal y otra nacional, con más de 540 agresores sexuales en México.
Andy Torres contó que la primera vez que usó sus conocimientos en hacking para ayudar a una víctima, fue cuando le sucedió a una amiga. Descubrió que había grupos en redes sociales en los que amigos y conocidos publicaban videos o fotografías de sus novias. “Borré las fotos, capturé la información de todos los que estaban ahí e hice una publicación con fotos de los integrantes, sus nombres, todos sus datos y lo que habían hecho”, relató a EL UNIVERSAL.
El colectivo de hacktivistas se conformó en 2019, bajo las iniciales de la madre de Andy, desde entonces reciben denuncias, revisan el contenido, dedican horas de investigación, rastrean direcciones de IP –etiqueta numérica única que identifica de dónde provienen– recolectan datos sobre agresores con las que generan las denuncias públicas y crean contenido de prevención en redes sociales.
Cuando una víctima pide ayuda a DLR, se le sugiere que interpongan una denuncia, porque al bajar la información no hay evidencia para seguir con un proceso legal, sin embargo, “llegan desesperadas, porque ya pasaron por varias fiscalías, el contenido circula en redes sociales y los procesos tardan meses”, explicó Elizabeth Elizondo, subdirectora del colectivo.
Efectos de la violencia digital en mujeres
La abogada penalista especialista en delitos de violencia sexual, Vianney Martín del Campo, señaló que de cinco casos que ha acompañado, sólo en uno ha logrado la vinculación a proceso del responsable, esto porque fue vía Whatsaap y había un número telefónico de por medio. En los informes periciales de estos casos, las víctimas fueron diagnosticadas con estrés postraumático, ansiedad y depresión.
Esto, coincide con lo que DLR ha detectado al tratar durante seis años con víctimas, quienes se enfrentan con amenazas, revictimización, violencia institucional, falta de homologación de procesos para denunciar los ciberdelitos, así como a una “avalancha” de información que desconocen.
Sobreviviente de violencia digital
Ana, una sobreviviente, contó a EL UNIVERSAL que cuando filtraron contenido de ella, sintió “mucha desesperación, defraudaron mi confianza. Entré en una crisis de ansiedad, la incertidumbre de pensar en que mi familia se iba a enterar. Las autoridades sólo me dijeron que había sido mi culpa”. La joven pidió mantener la calma, aunque sientan “miedo, siempre hay salida”, además, celebró el trabajo de los hacktivistas. “Ellos hacen una labor muy importante y de manera anónima”.
DLR habló de las limitaciones que existen a la hora de enfrentarse a la violencia digital como que cuando una foto es filtrada no desaparece por completo de Internet, pero no es lo mismo que cuando la imagen permanece en el círculo cercano de una víctima y sea acosada, atacada o padezca bullying en el trabajo o escuela. “Lo que buscamos es poder borrar la información para que puedan regresar a su entorno social, que no vivan con ese miedo y que puedan vivir su vida”.
La violencia digital, de acuerdo a lo que han visto, afecta a las víctimas de tal forma que dejan de ir a la escuela, de trabajar, dejan de salir a la calle, se encierran por 5 años y pierden la esperanza de socializar porque temen que la persona haya visto o se entere de las imágenes. Andy contó que una de las jóvenes que pidió ayuda terminó con su vida, por eso queremos “regresarles un poco de tranquilidad”.
Difícil mirar tanta violencia sexual
DLR señala que una foto o video distribuido en Internet por los agresores, es la punta de una cadena de delitos previos los cuales van desde amenazas, exhibicionismo, acoso, tocamientos, groomming, violencia física, psicológica, corrupción de menores, abuso sexual, violación, secuestro, estupro, pornografía infantil, entre otros. Esto, subrayan las activistas, es un reto porque tienen hijos y es difícil mirarlo por horas.
“Por ejemplo, encontramos un grupo de profesores que hacían contenido de abuso sexual en las escuelas; les subían la falta a las niñas y les tomaban fotos. Ahora, trabajamos en un caso de grupo de abuso sexual infantil, todos son bebés. Para entrar es necesario que los integrantes pongan un nickname en una hoja, la colocan sobre la cara al bebé y toman una fotografía. En el grupo suben imágenes y videos haciéndoles muchas cosas”, denunció Andy Torres.
Otro de los casos que atendió DLR, es el de un sujeto de recursos humanos que grababa a las empleadas de la empresa. “Una de las paredes de su oficina era toda de cristal y nada más podrías ver de adentro hacia afuera. Así que cada vez que ellas pasaban cerca, él les tomaba fotos y las grababa. Cada vez que tenía oportunidad colocaba una cámara por debajo de la mesa para grabarlas y vendía el material en internet. Luego descubrimos que él era el mismo tipo que corría desnudo persiguiendo mujeres que salían de los antros en las calles de Oaxaca”, relató el hacker.
Falta de protocolos en fiscalías para investigar violencia digital
La abogada Vianney coincide con las activistas, quienes denunciaron, que pese a que existe la “Ley Olimpia” para castigar la violación a la intimidad sexual en las fiscalías no hay protocolos homologados para la violencia digital, mientras que las policías cibernéticas locales están más enfocada en el crimen organizado, aseguraron. “Cuando una víctima va a denunciar. Te evaden, te dicen: ‘Híjole, no, es que esto no esto no no aplica, así no funciona’”, y hace que las personas desistan.
“Actualmente, no tenemos quien aplique ‘La Ley Olimpia’, no tenemos quien investigue, entonces aunque se denuncie podrías quedarte exactamente igual. El delito cambia en diferentes estados, no en todos es violación a la intimidad sexual y no en todos los estados cuentan con el conocimiento para llevar la denuncia de la manera adecuada. A las víctimas las hacen perder el tiempo, te las hacen bolas y las regresan para que lleven más información: ‘Traéme el nombre de la personas, porque ahí me aparece ‘anónimo 1’ y yo no sé quién es anónimo 1’”, reclamó Andy Torres.
Amenazas
El Colectivo DLR fue quien destapó el “Grupo Sierra XXX”, en el que participaban 140 funcionarios de Oaxaca, entre ellos Donato Vargas, actual Coordinador General de Delegados de Paz Social estatal. Allí compartían contenido sexual de mujeres de la sierra Mixe, lo que fue denunciado por la abogada y activista Sandra Domínguez, quien permaneció desaparecida desde octubre del 2024 y luego hallada sin vida en abril de 2025.
Ante el riesgo que el colectivo corre por el hacktivismo, DLR contó algunas de las medidas de autocuidado que han tomado. Por ejemplo, las integrantes del colectivo no son visibles y su representante es Andy, usan capuchas para presentarse en redes sociales y han adoptado un apodo. “Sabemos que cada que agregamos a alguien a la lista de agresores nos llegan cientos de amenazas falsas, es parte del trabajo. Me han llamado para decirme: ‘sé dónde vives, dónde está la oficina’. Me he preocupado y sigo tomando medidas. Pero nunca hemos quitado a nadie de la lista sólo porque hayan dicho que me va a pasar algo. Y cada que llega una amenaza duplico la cantidad de publicaciones sobre el agresor. Y si vuelven a escribir lo hago 10 veces más. Lo envió a su trabajo y a otras sucursales. Mientras más intentan presionarme, yo presiono 10 veces más”, advirtió.
Oaxaca el primer estado en iniciar acciones
Andy Torres cuenta que tras varias denuncias, Oaxaca es el primer estado del país en el que se han iniciado acciones. “Solamente por eso, porque los hemos hecho quedar mal y el tratar de limpiar esa imagen es lo que ha ayudado a que hoy en día exista una pequeña colaboración. Pero aún así en otros lugares es muy difícil que nos hagan caso. Entonces lo único que nos queda es borrar la información y cerrar las actividades de los grupos”.
Registran 44 mil 894 reportes por violencia digital
El teniente coronel ingeniero de comunicaciones y electrónica de Estado Mayor, Juan Carlos Báez Martínez, titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, reconoció que aunque México ha avanzado “bastante” en el tema legislativo, aún falta mucho por hacer y explicó que la tecnología ha complejizado la persecución de ciertos delitos.
De acuerdo con cifras de la institución, en lo que va del gobierno actual, del primero de octubre de 2024 al 29 de mayo de 2026, se han registrado 44 mil 894 reportes ciudadanos por los delitos de violación contra la intimidad sexual, amenazas, difamación, extorsión y usurpación de identidad.
El titular de la dependencia advirtió que la dinámica del ciberespacio es bastante compleja, pero la mayoría de los delitos contra la intimidad sexual se fundamentan en el engaño o en el abuso de confianza. Porque los agresores “han encontrado un incentivo adicional en esta clase de conductas: la culpa y la vergüenza que sienten las víctimas”, lo que inhibe las denuncias.
“Es importante que si un día recibo algún contenido de este tipo lo rechace, debemos de ser capaces de señalar a quienes están cometiendo un delito. Podemos contribuir de buena manera si como sociedad empezamos a repudiar esta clase de conductas”, apuntó el teniente coronel.
Avances contra la violencia sexual en México
Baez Martínez indicó que hay cuatro acciones para combatir estos delitos:
Primero, se integró el Centro Nacional de Delitos Cibernéticos Contra Menores, enfocado principalmente a la a la investigación de material de abuso sexual infantil, un delito de fuero federal. En esta área se dedican a revisar contenido denunciado y los peritos expertos determinan si se trata de un menor o no. Interponen las denuncias pertinentes, luego según sea el caso colaboran con la investigación para llevar a cabo la judicialización e inclusive se ha llegado a la detención de los delincuentes y al rescate de diversas víctimas.
Segundo, la implementación del 088 para realizar reportes y obtener acompañamiento jurídico. Tres, se realizan ciberpatrullajes en los que se pueden identificar los delitos, pero la policía cibernética de la GN no puede actuar de manera autónoma, por lo que su trabajo se limita a levantar una denuncia, presentar indicios y esperar a que el Ministerio Público le solicite su intervención. Derivado de estos trabajos, se han realizado 15 informes sobre violación a la intimidad sexual; han identificado 912 direcciones web con material de violencia digital y han coadyuvado en 52 ciberinvestigaciones, a solicitud del MP.
Cuatro, existe un acuerdo entre las autoridades federales y las empresas de redes sociales, con quienes se gestiona la contención de publicaciones por ser violatorias de las políticas de convivencia de las plataformas o porque constituyen un delito. En este sentido es importante la preservación de contenido como evidencia en caso de que se decidan realizar acciones legales contra los delincuentes.
088, los pasos ante la violencia digital
Claudia Pliego, titular de la Dirección y Atención de Delitos Cibernéticos, explicó que la ciudadanía puede recibir asesoría técnica y jurídica a través del 088. Añadió, que aunque una captura de pantalla no sea una prueba ante las autoridades, puede ser el inició frente a un proceso de contención con las empresas de redes sociales.
“En el 088, lo primero que les sugerimos es crear una cronología de hechos, porque el delito de la violación a la intimidad no inició allí, previamente hubo amenazas, acoso. La evidencia no debe ser resguardada en el teléfono celular, lo ideal es que se entregue en una USB o un disco. Además, les decimos a que fiscalías acudir, algunas están especializadas en violencia sexual. Se les brinda acompañamiento y las víctimas deciden si presentan o no una denuncia, a veces piden que se dé de baja el contenido”, detalló Pliego.
180 años, condena ejemplar por violencia sexual
Respecto al tema de contenido de menores, la Guardia cibernética está facultada para realizar una denuncia en caso de localizar cualquier conducta que dañe a un menor, en los ciberpatrullajes hemos identificado grupos en los que no sólo comparten contenido de abuso sexual infantil sino que ponen a la venta a menores. “La condena más alta que hemos logrado es en el Estado de Chiapas con 180 años de cárcel, para que perpetrado no vuelva a salir a causar un daño”, dijo Claudia Pliego.
Piden acompañamiento antes que prohibición
El titular de la Dirección General Científica pidió, ante el aumento de los menores con dispositivos móviles, a los padres de familia y responsables, a acompañar en vez de prohibir.
Porque, en los casos que a diario revisan, han visto adultos haciéndose pasar por niños o al revés menores creando cuentas con la edad alterada para acceder a redes sociales, «sólo para encajar».
«Hay que educar, alfabetizar, acompañar. Tomar las medidas básicas de higiene digital». Baez Martínez apuntó que a veces es mucho más complejo que intentar desaparecer de redes sociales. «Hay tener en cuenta que aunque yo no suba contenido de mis hijos, hay gente que tomó una foto en las salen, nadie está exento de una huella en el espacio digital», dijo.
Violencia Digital y Mujeres
Apenas hace tres meses, el gobierno de México firmó un acuerdo con las principales empresas de tecnología como Google, Meta y con TikTok de colaboración para hacer un entorno más seguro, según explicó Patricia Carranza, directora general de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de la Secretaría de las Mujeres, se logró luego de un seguimiento a casos de violencia atendidos durante la presente administración, en la que “detectó una serie patrones que aumentan el riesgo de violencia física, potenciada por la vulneración en el espacio digital que viven las mujeres”.
Las autoridades coincidieron en que hay normalización de las conductas hostiles en el espacio digital. Según cifras del Inegi, en 2024 en México, había menos 90 millones de personas en el Internet, lo que equivale al 83% de la población. De estas 47.6 millones son mujeres, de las cuales 10.6 millones indicaron han sufrido ciberacoso; de estas, el 29%, o sea casi 3 millones de mujeres, recibió insinuaciones o propuestas sexuales; el 27.5% recibió contenido sexual y el 20% fue víctima de suplatanción de identidad.
“Estas cifras nos permiten más o menos dimensionar el tamaño del fenómeno, las mujeres tenemos mayor vulnerabilidad a ciertos delitos dentro del ámbito digital respecto a los hombres”. Por lo que la Secretaría de las Mujeres aseguró inició, junto con la Fiscalía General de la República (FGR), un proceso de sensibilización en las fiscalías de todo México para prevenir la revictimización.
Ambas instituciones coincidieron en que el fenómeno de la violencia digital avanza de manera acelerada, y por lo menos hasta ahora, no hay registros de la manipulación de imágenes con IA con fines sexuales.
Secretaría de las Mujeres va por “Cartilla de Derechos Digitales”
La Secretaría de las Mujeres adelantó a EL UNIVERSAL que hay un proceso para sacar la “Cartilla de Derechos Digitales”, con el objetivo de promover un espacio libre de violencia, «así este lugar dejará de ser algo abstracto» y se delimitarán reglas, advertencia de peligros y también el potencial de aprendizaje y convivencia. La intención, es presentarla el 25 de noviembre en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres o hasta el 8 de marzo del 2027.
