Matrimonio infantil subsiste en 25 estados por vacío legal; denuncian impunidad de agresores
A nivel federal, esta práctica es ilegal desde 2019, pero vacíos legales y usos y costumbres hacen que el matrimonio con menores de edad siga normalizado
A pesar de que el matrimonio infantil está prohibido en México desde 2019 y es sancionado en el Código Penal Federal desde 2023, 25 entidades siguen sin tipificar como delito la cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes.
Si bien los estados modificaron sus constituciones y códigos civiles para evitar estas uniones forzadas, todavía existen vacíos legales en sus códigos penales, lo que permite que agresores queden impunes frente a la violencia sicológica, sexual y económica que ejercen hacia ellas.
Actualmente, sólo siete estados (Campeche, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas) incluyen en sus códigos penales el delito de cohabitación forzada.
La pena impone de ocho a 15 años para quien obligue a unirse a personas menores de 18 años con el fin de convivir en forma
constante y equiparable al matrimonio. Y el viernes 30 de enero, en Chiapas se aprobó reformar su Código Penal para incluir la misma sanción.
En los últimos tres años, legisladores de 18 estados han propuesto tipificar este delito al argumentar que las uniones tempranas
y las uniones forzadas son una realidad bajo el argumento de usos y costumbres, y que en distintas regiones las niñas son
vendidas o intercambiadas por propiedades. Sin embargo, esta problemática no ha sido discutida ni votada en sus congresos.
En una revisión realizada por EL UNIVERSAL a los 32 códigos penales, se encontró que Sonora, en su artículo 230, castiga con
prisión de tres días a un año a adultos que contraigan matrimonio con una persona menor de edad sin “la autorización de sus
padres”.
Esto, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció en 2019 que no se permiten excepciones
legales para la celebración de estos matrimonios.
Mientras que Yucatán, en su artículo 243 sexies menciona que comete el delito de “violencia de parentesco” en contra de un
Niño, Niña y Adolescente (NNA) si se le obliga a establecer o mantener una relación de noviazgo, concubinato o matrimonio con
una persona en contra de su voluntad. En este estado se le impondrá de seis meses a tres años de prisión únicamente.
En septiembre de 2025 se aprobó por unanimidad un dictamen que prohíbe la cohabitación forzada en Morelos; sin embargo, la
Comisión de Puntos Constitucionales realizó una observación a uno de sus decretos, por lo que se tiene que volver a votar en el
pleno para poderla publicar en su Código Penal.
Uniones de niñas y adolescentes aún existen en México
De acuerdo con datos publicados por el gobierno federal, al menos 27 mil 800 niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años
estaban casadas o unidas en 2020, es decir, 7.5% de las adolescentes indígenas en el país.
Indicó que los estados con mayor prevalencia de matrimonios infantiles entre niñas indígenas son Sinaloa, Baja California Sur y Tamaulipas. Los estados con mayor número absoluto de mujeres indígenas casadas o unidas antes de los 18 años son Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Entre 2014 y 2024, en México se registraron más de 74 mil matrimonios en los que al menos una de las personas era menor de
edad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 90% de matrimonios de este tipo sucedieron de 2014 a 2017.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, explica que en las uniones
forzadas la diferencia de edad es entre cinco a 10 años. En la mayoría de casos se presenta violencia sexual, lo que provoca embarazos y control hacia las niñas y adolescentes.
“El embarazo es la forma en la cual las mantienen atrapadas y las logran controlar. Porque al embarazarla las niñas quedan en
dependencia económica, se van con el agresor, quedan aisladas de su red de apoyo y generalmente vuelven a embarazarse
antes de dos años, entonces entran en un círculo del cual es difícil salir”, advierte.
De acuerdo con la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) 2024, en ese año hubo 89 mil 527 nacimientos registrados de
niñas y adolescentes: 82 niñas de 10 años, 102 niñas de 11 años, 231 niñas de 12 años, 970 niñas de 13 años, 4 mil 598 niñas de
14 años, 13 mil 767 adolescentes de 15 años, 28 mil 357 de 16 años y 41 mil 420 de 17 años.
Las entidades federativas con las mayores tasas de nacimiento por cada 100 mil mujeres de ese grupo de edad fueron: Chiapas,
con 19.4 (9 mil 176 nacimientos), Oaxaca (4 mil 142) y Michoacán (4 mil 426), con 12.8 cada una.
Usos y costumbres
Un artículo publicado por el gobierno federal advirtió que los matrimonios infantiles son más frecuentes en comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres. Ejemplo de ello son los tzotziles y tzeltales de Chiapas, que intercambian o venden a sus hijas por dinero, ganado o terrenos. O los mixtecos de Guerrero, que entregan a sus hijas a cambio de una dote o para resolver conflictos familiares o comunitarios.
Juan Martín Pérez califica como necesario que, además de homologar para proceder legalmente contra los agresores,
el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y las secretarías de las Mujeres, Salud y Educación Pública acompañen
integralmente a las comunidades para generar cambios significativos.
Recuerda que el año pasado hubo fiestas para celebrar la unión de dos adolescentes en Guerrero: “Lo que hizo la autoridad fue
acercarse, regañar a la familia, pero eso no sirve”.
Sobre las uniones forzadas, el experto menciona que también es necesario trabajar con los hombres adultos para evitar la
cultura machista y violenta hacia las mujeres.
Gobierno busca sancionar y homologar la tipificación de uniones tempranas.
Para prevenir, combatir y sancionar las uniones forzadas y el abuso sexual a niñas, el gobierno federal focalizará su estrategia en
50 municipios del país, explica Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres.
“[El programa] implica homologar, revisar la legislación y modificar las leyes que sean necesarias, fortalecer protocolos y actuaciones de ministerios públicos y fiscalías. Trabajar con el sector salud para que se apliquen las normas correspondientes
que muchas veces no se aplican, por ejemplo, cuando llega una niña violada”, detalla.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria indica que este programa acompañará la Estrategia Nacional para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes (Enapea), con el fin de hablar sobre las uniones forzadas en escuelas, con madres y padres de
familia y con comunidades.
Al preguntarle cuántos años de prisión están considerando para los agresores, contesta que todavía están evaluando, ya que el
tipo penal en cada entidad es distinto, por lo que investigan en dónde se han aplicado y dónde han sido más efectivas las
sanciones: “Porque muchas veces ese tipo de sanciones existe y lamentablemente pocas veces se realiza”.
Sobre la aplicación de la prohibición de las uniones forzadas en comunidades que se rigen por usos y costumbres, Hernández
Mora afirma que todas las leyes están por encima de cualquier costumbre que violente la dignidad y libertad de las personas.
“Hace un par de años se aprobó la prohibición del matrimonio forzado; sin embargo, sigue existiendo. Seguramente ha
disminuido porque tener un tipo penal así inhibe la conducta, pero necesitamos trabajar con la comunidad (…), no sólo
queremos sancionar, no sólo queremos atender cuando existen ese tipo de casos, sino fundamentalmente nuestra apuesta es
erradicar esta conducta normalizada, muchas veces cubierta de tradición”, señala.
Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, Anaís Burgos Hernández, indica
que en el nuevo periodo legislativo se buscarán homologar las tipificaciones de distintos delitos, uno de ellos es la cohabitación forzada.
“Estamos trabajando en una reforma integral, las penas del matrimonio forzado infantil se sancionan en algunos estados con 15
años y lo que la Presidenta nos ha pedido es que hagamos una homologación. (…) Lo que más se requiere es voluntad política”, comenta.
Informa que durante el periodo ordinario se presentarán iniciativas como la Ley Sabina, Ley Monzón, Ley Olimpia, la Ley ácida,
entre otras, para que sean armonizadas en todas las entidades federativas.
