Megaproyectos y demás obras de AMLO se declararon de “seguridad nacional”
Al hacer esta declaratoria, la información relacionada con las licitaciones de los proyectos señalados podrían quedar bajo llave, con lo cual se podría desconocer los detalles concernientes a las empresas participantes en licitaciones y los convenios establecidos
La administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que los megaproyectos y demás obras de infraestructura serán considerados de interés público y seguridad nacional, esto debido a su importancia para impulsar el proyecto de nación de la 4T.
A través de una publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), López Obrador informó de un acuerdo en el que se ratifica esta noticia. Asimismo, explica que esto lo hace con apego a la facultad que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en el Artículo 89, fracción I.
Dicho acuerdo consta de tres artículos esenciales. El primero explica que “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
El segundo punto señala la instrucción girada a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para “otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”.
Finalmente, el tercer artículo delimita la autorización provisional, misma que contará con “una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva”.
En cuanto a la argumentación para fundamentar la necesidad de lo dispuesto en este acuerdo, el jefe del ejecutivo federal resaltó que México necesita de solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía y la democratización política, social y cultural.“México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y otros sectores prioritarios y/o estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país”
Asimismo, subrayó que es de “interés público y de seguridad nacional” el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para poder traducir esto en un beneficio colectivo para la sociedad mexicana.
Al hacer hincapié en las obras de infraestructura para el desarrollo económico, se entiende que tendrán particular relevancia los megaproyectos de la llamada 4T: el Tren Maya que unirá cinco entidades federativas (Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Campeche) para otorgar servicios turísticos, de carga y de movilidad; la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se construye en Dos Bocas, Tabasco; el Tren Transítsmico, el cual unirá el océano Atlántico con el Pacífico al establecer un tramo férreo del puerto de Veracruz a la costa de Oaxaca; y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, Estado de México.
Finalmente, cabe destacar que la característica que le acaba de otorgar el presidente a las obras de infraestructura podrían de dotar de opacidad los procesos de construcción, esto por no tener la obligación de dar a conocer los pormenores de los contratos establecidos entre dependencias y con proveedores privados de servicios.
