Milei despide a 24.000 empleados públicos en Argentina: “Nadie sabe quién será el próximo”
Los trabajadores estatales denuncian que los recortes dejan en suspenso funciones públicas
Javier Milei cree que “el Estado es el enemigo”, “una asociación criminal” a la que busca reducir a su mínima expresión entre críticas y aplausos de una sociedad polarizada. Cuando asumió como presidente de Argentina, en diciembre, el Estado tenía contratadas a 341.477 personas. Dos meses después, el Gobierno ya había eliminado 9.000 puestos de trabajo, y esta semana ordenó 15.000 despidos más. Se avecinan nuevos ceses de personal a mitad de año, pero no se sabe cuántos ni quiénes serán. En ese clima de incertidumbre están unos 50.000 trabajadores: son los que no tienen una plaza fija, sino contratos temporales. Antes se los renovaban una vez al año; ahora, saben que superaron la primera etapa, pero sus puestos sigue en revisión por tres o seis meses más.
“Estamos viviendo una situación de terror psicológico”, afirmaba una trabajadora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia el pasado miércoles. Tenía miedo a dar su nombre por posibles represalias, como otros de los entrevistados. “Milei dijo que iba a haber 70.000 despidos, luego dijeron que 15.000, que 20.000. Ese ida y vuelta impacta en nuestra salud mental y en la vida cotidiana, está todo el mundo paralizado sin saber qué va a pasar, nadie sabe quién será el próximo”, agregó horas antes de que los superiores comenzasen a notificar a quiénes no iban a renovar los contratos que vencen el 31 de marzo. Esa Secretaría es la dependencia estatal más afectada, con 1.656 bajas, casi la mitad de las 3.600 registradas en todo el Ministerio de Capital Humano.
Milei, un economista que se autodefine como anarcocapitalista, anunció desde el primer día que se avecinaba un importante recorte del personal estatal. Como primera medida exigió un 100% de presencialidad para desenmascarar a los “ñoquis”, como se conoce en Argentina a los trabajadores estatales ficticios, colocados por los partidos, que solo acuden a la oficina un día al mes para cobrar. Se llaman así porque los gnocchi, plato típico italiano, se sirven el 29 de cada mes en los restaurantes argentinos, y es una fecha cercana a la del cobro de sueldos.
A punto de cumplir cuatro meses de mandato, la orden de Milei fue reducir entre el 15% y el 20% del personal estatal con contratos temporales. El argumento oficial es que Argentina es “un país empobrecido” con un Estado demasiado grande e ineficiente. “Me parece que hay un consenso bastante generalizado de la sociedad de no seguir pagando cuestiones que no corresponden con la Argentina que vivimos y con el tamaño del Estado que la gente votó en las urnas”, dijo el miércoles el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Según un análisis de la Fundación Mediterránea, a mitad de 2023 Argentina empleaba a 20 trabajadores estatales por cada 100.000 ocupados, una relación que ponía al país sexto en la lista de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo por debajo de Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia y Francia. En términos cualitativos, sin embargo, el país se coloca debajo de la mitad de la tabla en un índice del Banco Mundial que mide la eficacia de gobierno y donde obtuvo un puntaje de 41,9 sobre 100 en 2022.
Algunos empleados intuían desde hacía semanas que su nombre estaba en la lista de despidos. Es el caso de quienes trabajaban en la sección de pauta [publicidad] oficial, cancelada por Milei durante un año al asumir. “Una oficina que trabajaba a destajo se paralizó y nos quedamos sin funciones”, dice una de las trabajadoras despedidas de ese departamento. Lamenta que por esa decisión oficial el Gobierno no haya lanzado una campaña de prevención del dengue en los medios aun cuando Argentina atraviesa el peor brote de su historia, con más de 150.000 casos y 106 muertos.
Los empleados de esta sección iban cada día a cumplir su jornada laboral de ocho horas sin tener nada que hacer. “Era tortura psicológica”, señala la entrevistada despedida. Su mayor temor, confirmado dos días atrás, era quedarse sin el seguro médico que provee el Estado y gracias al que su hijo con discapacidad podía acceder a tratamientos que ahora quedarán interrumpidos.
Un mercado laboral cerrado
Muchos intentaron anticiparse y encontrar trabajo en una empresa privada, pero casi ninguno lo logró: Argentina está en medio de una crisis económica y de desplome del consumo donde la mayoría de empresas no contrata, sino que reduce personal. En enero, último mes con datos oficiales, la actividad económica cayó un 4,3% respecto a 12 meses antes, la peor contracción desde la pandemia de la covid.
En su última comparecencia pública, el portavoz presidencial aseguró que la selección de los empleados que iban a despedir fue un trabajo “extremadamente quirúrgico para no cometer errores, que nadie pierda su trabajo que no lo merezca”. Los entrevistados, en cambio, opinan que se hizo al azar. Entre los despedidos hay personas que comenzaron a trabajar en el Estado durante el kirchnerismo, pero también durante el macrismo (2015-2019), hoy aliado de Milei en el Congreso. Hay jóvenes y otros cerca de la edad de jubilación. Hay personas con familiares a cargo y delegados sindicales a los que es ilegal despedir.
“No hubo un criterio en los listados. Echaron a gente que había entrado en los últimos años y a otros con 15, 20 años de experiencia”, asegura Natalia, quien trabajó desde 2017 en la Agencia de Seguridad Vial. “A cada uno lo citaba su superior inmediato y le decía que su contrato no iba a ser renovado. Fuimos bajando de distintos pisos, todos llorando porque no entendíamos”, cuenta. Natalia considera irresponsable haber cesado personal de esta agencia justo antes de un fin de semana largo de seis días: “Todos los agentes deberían estar en la ruta haciendo controles de alcoholemia y de velocidad, esto muestra un desinterés total del Gobierno por la seguridad vial”.
Los sindicatos han organizado protestas frente a las sedes oficiales en una atmósfera de tensión. La semana pasada, a las puertas de la Secretaría de Derechos Humanos, un custodio del secretario Alberto Baños “intentó sacar un arma de fuego delante de los trabajadores”, según denuncia la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que representa a la mitad de los cerca de 1.000 trabajadores de la secretaría. “Nosotros no recurrimos a la violencia para ejercer nuestro derecho a manifestar nuestra disconformidad y esperamos que los funcionarios estén a la altura”, dice el comunicado del sindicato. “De ninguna manera vamos a permitir hechos de amedrentamiento”.
Las fuentes consultadas coinciden en que el recorte ha sido muy superior al que se realizó en el arranque de la gestión de Mauricio Macri y que también lo ha sido la desorganización inicial. Hay oficinas que aún no tienen un director designado y otras han visto pasar dos y hasta tres jefes en solo cuatro meses. La situación se repite fuera de la Administración pública, en empresas y organismos estatales en las que EL PAÍS ha seleccionado algunos testimonios que dan cuenta de la situación.
Medios públicos silenciados
En febrero, Milei decretó la intervención durante un año de todos los medios estatales como parte de un plan para la “reorganización de las empresas públicas”. En algunos casos, como Radio Nacional o TV Pública, ha habido despidos; en otros, como el de la agencia estatal de noticias Télam, que Milei ha dicho que quiere cerrar, todos los trabajadores están suspendidos y se les impide el acceso a las instalaciones. “Hace 24 días que la agencia está silenciada”, dice Braulio Cabrera, de 33 años. Es delegado sindical y trabaja en el área de archivo fotográfico de la agencia, que conserva material histórico que los trabajadores temen que esté “en riesgo” por la intervención.
Micaela Polak, que es productora de Radio Nacional, cuenta que entre los trabajadores de los medios públicos hay “mucha zozobra”. “Tiene mucho que ver con lo que está pasando a nivel comunicacional con el Gobierno. Nos enteramos de las cosas de forma intempestiva y hay muchísimos rumores”, dice. En Radio Nacional hubo 500 bajas de contratos en enero. Polak no está entre ellos, pero critica la precarización entre sus colegas, muchos de los cuales cobran un básico de 380.000 pesos (380 dólares) y no tienen contratos indefinidos. “Hay un mito de que cobramos bárbaro y la verdad es que no. Mis compañeras que tienen que criar hijos solas o que tienen que alquilar mantienen dos o tres trabajos”, dice.
Hasta el martes, la radio no emitirá programación habitual porque hay festivo puente en Argentina y el pago a los trabajadores en esos días supone un presupuesto mayor para la empresa. En el Estado, repite el Gobierno, “no hay plata”. “Esto nunca pasó. No solo es una pérdida salarial, significa que nos quedamos sin dar servicio. Solo se emitirá música desde Buenos Aires y algunos boletines”, dice la productora. Polak también apunta a la función social que cumple la radio en algunas zonas del país donde las emisoras locales permiten a los habitantes de lugares remotos mandar y recibir mensajes: “Es recontra esencial el servicio en esos lugares”.
La investigación científica, en crisis
En el Conicet, el principal organismo de investigación científica de Argentina, se han registrado hasta el momento 140 despidos, pero la motosierra ha pasado también por las becas doctorales —de las 1.300 de 2023 se ha pasado ahora a 600— y por el presupuesto para investigar, que es el mismo que el año pasado, pero con un valor equivalente a un tercio de entonces por la inflación.
“Estamos enfrentando la imposibilidad de darles continuidad a muchas investigaciones”, advierte Nuria Giniger, investigadora del Conicet y delegada sindical. Entre ellas hay algunas clave para el país, como las que tienen que ver con enfermedades como el dengue o el chagas, subraya. “El estrés laboral se ha multiplicado por mil. Empezaron por despedir a los administrativos y reducir las becas, pero quién te dice que no van a seguir por los investigadores y el personal de apoyo”, agrega al recordar que Milei en campaña dijo que “al Conicet, como existe hoy, hay que cerrarlo”.
Menos cine argentino
Braulio Vega Santana, de 20 años, se manifestó hace más de 10 días ante las puertas del cine Gaumont, una sala histórica de Buenos Aires que el Gobierno quiere vender y fue el epicentro de una protesta contra la “reducción drástica” del financiamiento al cine argentino del nuevo Gobierno. Vega Santana se prepara ahora para volver a protestar contra los despidos en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el cese de contratos de trabajadores autónomos como él porque nada ha cambiado. El miércoles 27 de marzo fue su último día de trabajo en un área que se dedica a hacer el seguimiento de uno de los fondos que entrega el instituto. “Se llama Historias Breves, es quizás el más importante y de ahí surgen personalidades como [la cineasta] Lucrecia Martel. Hoy los dos que llevábamos adelante ese concurso estamos desempleados”, cuenta Vega Santana.
Desde hace cuatro meses, afirma, la entrega de fondos para los proyectos audiovisuales que concursaron en 2022 “está congelada”. El Gobierno designó al nuevo presidente del INCAA, Carlos Pirovano, recién a finales de febrero. El economista, sin experiencia en el sector audiovisual, enseguida firmó una serie de artículos publicados en el Boletín Oficial para quitar el apoyo económico a las provincias, dar de baja los contratos de parte del personal, suspender el pago de horas extras y poner fin a los viajes, los gastos de telefonía celular, la compra de comida y el pago de traslados. “Viene con el mismo discurso que Milei y está echando a empleados que cobramos miserias. No sabemos cuál es su plan dentro del INCAA. Es un presidente que vino exclusivamente a recortar”, asegura.
Para los trabajadores del sector, con los recortes en la cultura no solo están en juego los puestos de trabajo. Para Vega Santana, está en riesgo el acceso a la cultura y la diversidad de producciones artísticas, teatrales, literarias… “El INCAA hace que productores de cualquier punto del país, con cualquier ideología, puedan llevar adelante una película sin presupuesto previo. Es un acto de censura hacia la industria que alguien que quiera producir tenga que pasar por un filtro de Netflix”, dice Vega Santana. Algo similar denunció la Cámara Argentina de Librerías cuando criticó que la ley ómnibus de Milei —con más de 600 artículos que finalmente no fueron aprobados— ponía en “peligro” el “variado y bibliodiverso entramado de librerías y editoriales” del país.
