Nuevas secretarías, reformas legislativas y programas sociales: el programa de gobierno de las ‘corcholatas’ al filo de la ley
Los aspirantes de Morena esbozan sus planes electorales, pese a las restricciones legales y los reclamos de la oposición por vulnerar los plazos en la carrera por la presidencia
Adán Augusto López propone una reforma de fondo al Poder Judicial y dar continuidad a los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador. Marcelo Ebrard ha hablado de crear una Secretaría de la Cuarta Transformación, duplicar la tasa de crecimiento económico y construir un sistema universal de salud. Ricardo Monreal considera que es clave reforzar la política de seguridad y atender las necesidades del campo mexicano. Manuel Velasco presentó una agenda sobre medioambiente e “impuestos verdes”. Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña han sido más cautos y han dicho que esperarán a que avance la contienda para detallar sus planes de gobierno, que, en todo caso, quedarían fuera del marco legal y los compromisos de partido adquiridos.
La etapa de recorridos en la contienda interna de Morena ha supuesto una encrucijada para las seis corcholatas en la carrera por la sucesión presidencial. En medio de reclamos de la oposición por vulnerar los plazos previstos para el proceso electoral y entre medidas cautelares dictadas por las autoridades que rigen los comicios, los aspirantes se enfrentan a una batería de restricciones que los han colocado en una especie de limbo: hacen asambleas informativas, pero no mítines; realizan giras por todo el país, pero no pueden promocionar su imagen, y deslizan algunas ideas sobre qué harían cuando lleguen al poder, a pesar de las prohibiciones y las instrucciones de sus propios partidos. La batalla por la sucesión ha abierto un proceso inédito y sin precedentes de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es también una prueba adelantada para el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF), en medio de un proceso electoral que aún no empieza formalmente y que ya comienza a complicar la tarea de los árbitros, incluso cuando todavía falta prácticamente un año para que los mexicanos vayan a las urnas.
Desde que el pasado 11 de junio el Consejo Nacional de Morena acordara las reglas para definir quien será el coordinador para la defensa de la 4T, es decir, el candidato a la presidencia por el movimiento oficialista, los aspirantes han iniciado una intensa movilización. El primero en marcar el paso fue el excanciller Ebrard, quien inició su campaña probando un vocho eléctrico, con el que afirma que recorrerá la ciudad en búsqueda de apoyos. “Lo ando probando porque va a andar en campaña”, otra palabra prohibida.
Ebrard fue también uno de los primeros en generar controversia durante el proceso, al anunciar que creará una Secretaría de la Cuarta Transformación para la que propuso a Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador. La propuesta desencadenó una ola de críticas. Ebrard ha sido uno de los que más se ha quejado por los corsés impuestos. Afirmó esta semana que puso a su equipo a buscar qué no estaba prohibido, y encontraron que soñar con el futuro que se quiere para el país no estaba prohibido, así que en tono irónico dijo que eso es lo que van a hacer. También dijo que una gira por el país sin propuestas no es más que un recorrido turístico. Los candidatos están encontrando enormes dificultades para sortear las restricciones impuestas. Y lo mismo que ha hecho su partido, Morena, tienen que recurrir a conceptos distintos, si no se puede proponer, hablarán de “sueños” por cumplir.
Ebrard inició su campaña cargado de promesas. Aseguró que su propuesta era duplicar la tasa de crecimiento económico de México y llevarla a un 4,5% anual. Dijo que ampliará los actuales programas sociales que ha impulsado López Obrador y caminará hacia un sistema de salud universal, “como los de los países más avanzados del mundo”. El excanciller mantuvo el guiño al mandatario y sus seguidores al asegurar que dará continuidad a los proyectos insignia de la actual Administración, como son la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles o el polémico Tren Maya. Para Ebrard también es importante mantener la actual política de austeridad y la decisión de que la Guardia Nacional asuma las tareas de seguridad, un hecho que ha generado muchas críticas de amplios sectores políticos y sociales. Eso, garantizar la continuidad de proyecto obradorista parecer ser lo único que no está prohibido, no en vano son aspirantes para “coordinar la defensa de la 4T”, un invento del partido para no infringir la ley electoral.
El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, también ha iniciado su propio proceso con polémicas promesas. López realizó el jueves una visita a San Luis Potosí, donde criticó con fuerza la decisión de la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar totalmente el plan B de reforma electoral que ha promovido el presidente López Obrador. López dijo durante su discurso en la capital potosina que el Poder Judicial federal está “podrido” y planteó una iniciativa constitucional “a fondo” para reformar el SCJN, porque, a su juicio, ese poder del Estado beneficia a “criminales de cuello blanco”. Hace unos días, cuando todavía era miembro del Gabinete, sus palabras podrían entenderse como una reacción política a lo dictado por la Suprema Corte, pero ahora, como aspirante a candidato presidencial, es difícil separarlas de un programa de gobierno.
Más prudente ha sido Ricardo Monreal, pero también ha afirmado en varias ocasiones que una de sus prioridades será ofrecer seguridad jurídica y física al campo para atraer más inversiones a ese sector y mejorar la productividad. Monreal se ha referido a las estrategias utilizadas por los otros aspirantes de Morena, principalmente por el despliegue publicitario por todo el país. En una entrevista con este periódico, el político ha afirmado: “Sí, es visible; no puedes, aunque quieras, cerrar los ojos frente a la visibilidad de este tipo de publicidad. Cualquier carretera la ves inundada de espectaculares de compañeros que están en el proceso interno. Y yo afirmé que no voy a denunciar nada, ni voy a hacer señalamientos críticos o por escrito, sino que los aspirantes tendrían que acudir a una autocontención y que el partido debería, simple y sencillamente, procurar equidad. Es una llamada respetuosa a la moderación, procurando que haya equidad en las reglas”.
Aunque la exjefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no ha hecho hasta ahora abiertamente algo que pueda entenderse como una promesa de campaña, sí ha manifestado su intención ineludible: mantener una política de continuidad con los proyectos de López Obrador. Sheinbaum, que es la única mujer en la contienda por la candidatura de Morena, ha prometido que trabajará por mejorar las condiciones de las mujeres en México, donde son asesinadas 10 al día como promedio. “Nunca más un México donde estemos atrás, nunca más el ‘calladita te ves más bonita’, es tiempo de ser protagonistas de la historia. […] México ya no se escribe con ‘m’ de machismo. Se escribe con ‘m’ de madre y de mujer”, ha afirmado. Parecen, desde luego, planes de gobierno.
Los aspirantes de Morena no solo deben respetar los compromisos adquiridos durante el Consejo Nacional del partido, sino las leyes electorales sobre las campañas y precampañas. Ya han recibido la advertencia del Instituto Nacional Electoral (INE), que les ha ordenado no anticiparse a los plazos. El árbitro electoral ha advertido a los aspirantes presidenciales de que pueden perder el derecho a registrarse como precandidatos si violan la ley. “[Debemos] lograr que las y los actores políticos respeten las reglas electorales que ellos mismos han establecido a través de nuestros representantes. Y esto llama particularmente a la no realización de actos anticipados de precampaña y de campaña. El respeto a los tiempos legales electorales es fundamental en nuestro sistema democrático”, ha afirmado la magistrada Janine Otálora, integrante del Tribunal Electoral. “No podemos permitir que en paralelo a un sistema constitucional y legal camine un sistema ilegal o paralegal, inventado por los actores políticos que, finalmente, se traduce en un fraude a la ley”, ha agregado.
