Quién mata a los periodistas en México: la brutal realidad para silenciarlos ante el 90% de impunidad
Además de los brutales e impunes asesinatos se suma la precariedad laboral y económica del gremio, comparte el periodista de investigación Humberto Padgett y considera que el estado es omiso al respecto
Desde diciembre de 2018 a la fecha se tiene contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos, seis comunicadores han sido asesinados sólo en lo que va de 2022. La brutal realidad crece al mismo tiempo que la impunidad e incapacidad de ubicar a los autores intelectuales de estos crímenes que pretenden silenciar la corrupción que se ha instaurado durante décadas por varios sexenios y ante diversos partidos políticos en el poder.
El tema vuelve a generar impotencia entre el gremio después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenara la exigencia del Parlamento Europeo de frenar la violencia contra periodistas y activistas en DH, así como garantizar su protección y la creación de un entorno seguro. Este Parlamento no había emitido una resolución de urgencia sobre México desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014.
En el caso de defensores de derechos humanos solo se han emitido dos sentencias, es decir, existe 99% de impunidad; en el caso de periodistas, existen solo 5 sentencias con una impunidad del 89.37%, lo que envía un mensaje de impunidad a los agresores. A ello se suma la combinación entre corrupción e impunidad; el incumplimiento de las obligaciones de los estados y municipios en la materia, así como la intolerancia y la falta de cultura política sobre la labor periodística y de personas defensoras de derechos humanos.
Entre 40 y 45 por ciento de las agresiones que recibe el gremio periodístico provienen de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado, reconoció el titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Irazoque Palazuelos.
57% de las agresiones a periodistas se concentra en seis entidades: Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz; mientras que 64% de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos se focaliza en: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, y Veracruz.
La cifra de homicidios en el gobierno morenista es la más numerosaconvirtiéndolo en el que más periodistas asesinados ha tenido en comparación con los últimos dos sexenios.
De acuerdo con un reporte de la organización Artículo 19, el gobierno de Felipe Calderón reportó 48 casos en todo su sexenio y 47 en el de Enrique Peña Nieto.
Humberto Padgett periodista de investigación, y quien ha obtenido dos veces el Premio Nacional de Periodismo, ha vivido en carne propia el asedio por decir la verdad.
Además de la violencia física existe otras, entre ellas la judicial. En 2018 el ex Gobernador priista Eruviel Ávila Villegas demandó por daño moral a Padgett, a quien reclamó 10 millones de pesos por las supuestas afectaciones sufridas a su reputación tras la publicación de un reportaje de perfil.
La controversia derivó de un capítulo del libro Los Suspirantes 2018, en el cual cinco testigos dijeron a Padgett que Eruviel habría estado con el exobispo Onésimo Cepeda en fiestas, donde supuestamente se realizaron tocamientos a menores de edad. Padgett cuestionó la decisión de Ávila de radicar la denuncia en Ecatepec, donde el político mantiene una importante influencia.
Posteriormente en otro hecho no relacionado, en 2017, durante una cobertura e investigación periodística fue retenido, encañonado, amenazado de muerte, golpeado y despojado de sus pertenencias por sujetos armados, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México.
Los hechos sucedieron alrededor de las 16:00 horas del día 22 de agosto, cuando el periodista y comunicador investigaba sobre el narcomenudeo en la Universidad. Padgett estaba en el área conocida como “Frontón de Ingeniería”, cuando uno de los vendedores descubrió que Padgett traía una videocámara oculta en su chamarra, éste y avisó a otros vendedores y se aproximaron entre 10 y 12 sujetos.
Ya retenido, uno de los hombres, sacó de su mochila un arma tipo escuadra color negro y encañono al periodista mientras que los otros sujetos lo amenazaron. Ante ello, Padgett tuvo que entregar la cámara de video mientras era golpeado continuamente en el rostro y cuerpo. Durante el ataque, otros dos sujetos sacaron dos armas de fuego, uno de ellos corrió el cerrojo, lo que permitió la sustracción de la cartera del periodista. Una vez que sustrajeron su credencial de elector, la fotografiaron mientras los individuos lo amenazaron de muerte y a su familia si él decidía hacer algo al respecto.
Después de ser liberado, Humberto acudió a la entonces Procuraduría General de la Ciudad de México a levantar una denuncia. Por estos hechos, la PGJCDMX abrió una investigación. Sin embargo, aunque existían elementos para calificar los hechos como delitos de delincuencia organizada cuyo objetivo fue silenciar la labor periodista de Humberto, la Procuraduría calificó el crimen como robo y otorgó beneficios procesales a los agresores.
Pero la ausencia de una investigación diligente, omitir la labor periodística como móvil del crimen y la falta de acceso a la justicia no fueron las únicas violaciones a sus derechos. Durante el proceso de investigación, las autoridades entregaron directamente a los agresores el análisis de riesgo sobre la situación del reportero y su familia. Este análisis contiene datos personales y sensibles pues detalla información privada y personal del periodista así como los detalles del plan de protección entonces asignado.
Por estos hechos y debido al mal actuar de las autoridades, dos años después de los crímenes contra Humberto y su familia, la Comisión de Derechos de la Ciudad de México, CDHCM, emitió la Recomendación 19/2019 la cual señala, entre otros, la responsabilidad de la ahora Fiscalía por reparar el daño e investigar tanto el crimen como a quienes omitieron el resguardo de información.
Artículo 19 condenó las agresiones contra Humberto ocurren y señaló que éstas “existen ante un Estado que omite prevenir y proteger a la prensa, por un lado y por el otro, que no actúa para reparar el daño, reducir la impunidad y garantizar la no repetición”. Desde aquel 22 de agosto de 2017, Humberto ha sido sujeto de otras agresiones vinculadas con su labor periodística, incluyendo detenciones arbitrarias, ataques físicos e incluso una demanda de daño moral a consecuencia de investigaciones periodísticas. La repetición de actos de violencia contra Padgett reflejan la ausencia de mecanismos eficaces que enfrenten y solucionen las razones que llevan a violentar y silenciar a la prensa.
Aún peor, las mismas autoridades facultadas y responsables de reparar el daño y proteger han incurrido en revictimización y violaciones de los derechos de Padgett y su familia.
El 10 mayo de este año, la Comisión Especial de Atención a Víctima de la Ciudad de México, aprobó las medidas de compensación como parte del Plan individual de reparación integral del daño tanto de Humberto como de su familia. Sin embargo, el 2 de junio de 2021, al considerar que dicha resolución es violatoria de los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la reparación integral del daño —en ejercicio del derechos a recurrir las determinaciones negativas— Humberto Padgett y sus representantes interpusieron una demanda de amparo de la cual le correspondió conocer al Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien en términos de los artículos 108, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo decidió admitirla.
Semanas después, Armando Ocampo, comisionado ejecutivo de la CEAVI interpuso una queja solicitando a las autoridades judiciales desechar el amparo. Con esta acción el Comisionado Ejecutivo contravino su responsabilidad de velar por la protección más alta de las víctimas e incluso violenta derechos constitucionales como la figura del amparo.
