Solicitan desafuero de «Alito» Moreno; le imputan desvío de 83 mdp
Fiscalía de Campeche formalizó petición ante el Congreso federal con el argumento de que hay cuatro carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción del líder del PRI cuando fue gobernador; vinculan a proceso a 17 ex funcionarios de su gobierno y dos más obtienen criterio de oportunidad para colaborar con las investigaciones
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó el pasado miércoles 23 de julio una solicitud ante la Cámara de Diputados para pedir el desafuero de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, senador y líder nacional del PRI.
Al político se le imputan uso indebido de atribuciones y peculado por el probable desvío de 83 millones 508 mil pesos. En el escrito turnado a la Secretaría General de la Cámara baja, se señalaron cuatro carpetas de investigación que involucran a Alito.
En dichas carpetas de investigación, que ya fueron judicializadas, se describen diferentes tipos de corrupción en los cuales Moreno Cárdenas, como gobernador de Campeche, podría haber tenido responsabilidad.
Dentro de las indagatorias están relacionadas otras 17 personas, entre ellas exfuncionarios de la administración de Alito, quienes ya fueron vinculados a proceso; otras dos de ellas incluso obtuvieron un criterio de oportunidad ante la Fiscalía de Campeche para colaborar con las investigaciones.
La Fiscalía Anticorrupción de la entidad confirmó en sus redes sociales la presentación de la “solicitud de declaración de procedencia”, misma que pretende que la Cámara de Diputados, a través de la Sección Instructora, delibere retirar o no el fuero al político campechano para que enfrente las imputaciones que contienen las carpetas.
Mexicanos contra la Corrupción tuvo acceso a información relacionada con los casos de corrupción mencionados en las indagatorias, mismos que están relacionados con el posible desvío de recursos a través de contrataciones de servicios o pagos que no tuvieron un respaldo documental o material.
En anteriores entregas, MCCI reveló la red para triangular dinero con la compra-venta de propiedades en Campeche por parte de Alito Moreno, su mamá Yolanda Cárdenas, y su hermano, Emigdio Gabriel.
Y también el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República que incluyó traspasos millonarios de cuentas empresariales de Emigdio Gabriel a su hermano Alito y la adquisición de propiedades en zonas de lujo en la Ciudad de México por parte de este.
Prestanombres y servicios simulados en Secretaría de Seguridad
De acuerdo con información contenida en las averiguaciones, con recursos federales que recibió el gobierno de Campeche en la administración de Alito Moreno fueron realizados pagos a dos personas que fungieron como prestanombres para desviar recursos con servicios simulados en la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche (SSPCAM).
Ambas que facturaron servicios simulados eran personal de servicio de uno de los mejores amigos de Jorge “N”, quien fungió como titular de la SSPCAM durante el gobierno de Moreno Cárdenas (2015-2019).
En sus declaraciones, los dos imputados mencionaron que les pagaron alrededor de 4 mil pesos a cambio de entregar su documentación personal con la que más tarde fueron utilizados para facturar los servicios que sumaron alrededor de 27.2 millones de pesos. Estos personajes clave obtuvieron un criterio de oportunidad con la Fiscalía campechana para colaborar con las investigaciones.
Con base en la información a la que MCCI tuvo acceso algunos de estos servicios tuvieron como concepto vender alimentos y su traslado para policías de Campeche que trabajan en destacamentos lejanos en zonas como Calakmul (que se encuentran a horas de zonas urbanas), brindar mantenimiento a aires acondicionados o a patrullas; es decir, diferentes ramos y servicios que resultan intangibles para su comprobación.
Según las indagatorias, de estos servicios no hay respaldo documental y ambas personas admitieron que desconocían las facturas, los cobros y los supuestos servicios que ofrecieron.
La responsabilidad de Alito en el caso que involucra a su secretario de seguridad se da porque Moreno Cárdenas como mandatario de Campeche firmó un convenio con las autoridades federales para que el uso de esos recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se realizara con eficiencia y eficacia y no para que fuera desviado.
A inicios de este mes, la prensa reportó la detención de Jorge “N”, extitular de la SSPCAM en la administración de Moreno Cárdenas. También se hizo pública la detención de Samuel “N” quien dirigió la SSPCAM en la gestión de Carlos Miguel Ayza Gonzalez, gobernador sucesor de Alito Moreno cuando dejó la gubernatura para ir a liderar el PRI Nacional en 2019, y la de Karla “N” quien era la encargada del área de Finanzas de la dependencia.
Estos tres funcionarios fueron detenidos y vinculados a proceso también por peculado y uso indebido de atribuciones. Actualmente enfrentan su conflicto con la ley en libertad.
La responsabilidad de Alito en el caso que involucra a quien fuera su secretario de seguridad se da porque Moreno Cárdenas como mandatario de Campeche firmó un convenio con las autoridades federales para que el uso de ese recurso, proveniente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se utilizara con eficiencia y eficacia, y no para que fuera desviado.
Empresa de buceo brindó consultas fiscales a API de Campeche
Una empresa, cuyo objeto social original era dar clases de buceo y tours turísticos en la zona de Cancún, brindó asesoría en servicios jurídicos y fiscales a la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam), ahora es parte de las investigaciones que involucran a Alito Moreno por un posible desfalco de 23.8 millones de pesos.
Se trata de la empresa Comercializadora Karybek SA de CV que después modificó su nombre a C&N Consultoría & Estructura de Negocios del Sureste SA de CV. Con ambas razones sociales, la misma compañía se habría beneficiado de al menos tres convenios millonarios.
En junio de 2023, el medio de comunicación Latinus dio a conocer que, antes de llamarse Comercializadora Karybek y brindar servicios jurídicos, la compañía se denominaba “Cozumel First Class”, cuyo ramo era brindar clases de buceo y servicios marítimos, entre otros.
Cozumel First Class fue constituida en julio de 2007 en Quintana Roo. En mayo de 2009, la compañía pasó a manos de Ryan Elías Wismayer y de Marilyn Abad Rivero a través de la compra de las acciones de los fundadores.
Ya con el control de la compañía, en enero de 2014 se nombró Comercializadora Karybek y en 2016 se modificó su objeto social, previo a que la Apicam le adjudicara los convenios. Y, en julio de 2017 cambió de nuevo a C&N Consultoría & Estructura de Negocios del Sureste.
Ryan Elías es hermano de Rolando Elías Wismayer, exdiputado federal del Partido Verde Ecologista.
De los servicios de asesoría jurídica y fiscal tampoco se encontró respaldo documental de que se hayan ejecutado, por lo que los recursos entregados a la empresa turística también fueron incluidos en las indagatorias.
En el momento en que fue entregado el primer contrato a la compañía de buceo a inicios de 2016, Alejandro Moreno Cárdenas, como gobernador de Campeche, también era presidente de la Junta de Gobierno de la Apicam lo que lo vincula directamente a este posible desvío de recursos.
Al momento, hay cinco personas vinculadas a proceso por el caso de la API de Campeche, entre ellos quien fue su titular, Alejandro “N”.
