Víctimas denuncian impunidad y sanciones leves en casos de acoso de jueces en Querétaro
Testimonios de trabajadoras revelan un patrón de acoso sexual y abuso de poder en juzgados federales, donde las resoluciones disciplinarias contra jueces con sede en Querétaro contrastan con los discursos oficiales de protección de género.
“Nos han prometido que ahora en el Poder Judicial hay cero tolerancia al acoso laboral y sobre todo sexual, pero como siempre, esto fue de dientes para afuera”. Así se expresó en un video en redes sociales una de las víctimas de jueces federales con sede en esta entidad que fueron sometidos a un procedimiento disciplinario por denuncias de hostigamiento sexual y laboral contra trabajadoras bajo su cargo, pero cuyas sanciones fueron marcadamente diferentes, una resuelta por el extinto Consejo de la Judicatura Federal y otras por el actual Tribunal de Disciplina Judicial.
Si bien se trata de distintos jueces, hay un patrón definido, como lo publicó Proceso a partir de los testimonios y la investigación interna consignada en los expedientes: mientras ejercían sus funciones en el Poder Judicial federal, incurrieron en hostigamiento laboral o acoso sexual y abuso de poder contra personas, en su gran mayoría mujeres, que fungían como sus subordinadas en los juzgados.
De acuerdo con las resoluciones de los procedimientos disciplinarios, a los cuales tuvo acceso Proceso, Jorge Alonso Campos Saito, juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, fue encontrado responsable de las conductas denunciadas: hostigamiento sexual contra dos subalternas e inclusive de abuso sexual, por el Consejo de la Judicatura Federal el 23 de abril de 2025.
Por unanimidad, ese órgano, todavía bajo la presidencia de la entonces ministra Norma Lucía Piña Hernández, aprobó inhabilitarlo por cinco años, lo que deriva en su destitución.
Sin embargo, otros dos jueces de la sede federal en Querétaro que fueron acusados de acoso sexual y laboral, Herminio Armando Domínguez Zúñiga y Juan Gerardo Anguiano Silva, recibieron como sanción una inhabilitación por un año y por tres meses, respectivamente, de acuerdo con las resoluciones de la Comisión Permanente de Disciplina del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Dicha comisión está integrada por tres magistrados: el presidente Rufino León Tovar quien, el 1 de septiembre de 2025, al asumir prometió “cárcel a los jueces corruptos”; Celia Maya García, que en esa misma fecha llamó a demostrar a los incrédulos “que la reforma judicial es pertinente y exitosa”; y Bernardo Bátiz Vázquez, que anticipó “no vamos a ser la Inquisición”.
La titular del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial e integrante de la Comisión de Disciplina, Celia Maya García, sostuvo en entrevista con Proceso que en este nuevo órgano rechazan los abusos, sobre todo los de naturaleza sexual, y que aspiran a que esas conductas sean erradicadas, pero también acotó que las resoluciones referidas fueron tomadas al analizar lo que en los expedientes pudo acreditarse, lo cual derivó de procesos de investigación y sustanciación que correspondieron a otras instancias, incluso antes de la transformación del Poder Judicial federal.
La idea del Tribunal (de Disciplina Judicial) es definitivamente proteger la cuestión de género, no aceptamos por ningún motivo el abuso, pero también todos debemos tener en cuenta que las resoluciones se dan conforme a las constancias que se tienen en el expediente, lo que sí se pudo acreditar y aunque en estos casos está la presunción totalmente a favor de las víctimas, aun con eso tenemos que ver con qué elementos contamos para la sanción.
Pero algunas de las afectadas señalaron su franca decepción.
“La sorpresa es que ahora estas son las nuevas sanciones, a unos de ellos, ‘el juez cariñosito’ con el que yo trabajé siete años y que me torturó siete años y a mis compañeras las corrió por no querer estar involucrándose con él (…), le dieron la gran sanción de un año de inhabilitación, y a otro que creo que estaba peor, tres meses. En fin, así la justicia en México”, fue parte de lo expresado en un video que hizo público en redes sociales una de las víctimas.
Su sentir lo difundió el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al mostrar parcialmente la imagen de la resolución, mientras reflexionaba que eso de la intolerancia al acoso en el Poder Judicial fue “promesas de campaña o como ustedes quieran llamarle, porque en realidad estamos igual o peor que antes”.
Acoso comprobado
En el caso de Jorge Alonso Campos Saito, de acuerdo con el procedimiento disciplinario 75/2023-IV (en el cual se acumularon las diversas denuncias que personal bajo su cargo presentaron) se consideró que éste fue fundado “porque las causas de responsabilidad de hostigamiento sexual y abuso de funciones que se reprocharon al presunto responsable Jorge Alonso Campos Saito, en su actuación desempeñada como juez de Distrito (…) quedaron probadas a través del estudio conjunto de los argumentos y pruebas presentadas por las partes”.
Por unanimidad, las y los integrantes del Consejo de la Judicatura aprobaron imponerle la sanción “consistente en inhabilitación por cinco años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, que conlleva a la destitución en el cargo”.
El testimonio de una de las víctimas de Campos Saito describe como la “punta del iceberg” las prácticas de ese juzgador federal y de otros en Querétaro:
Esta visita extraordinaria debe de observarse como ‘la punta del iceberg’, pues estos titulares han hecho que laborar para el Poder Judicial federal en el estado de Querétaro sea una verdadera pesadilla y sea totalmente imposible poder hacer carrera judicial de manera limpia, con una convivencia sana entre superiores jerárquicos y subordinados…
En tanto, al menos 11 víctimas que fungían como subordinadas del juez Herminio Armando Domínguez Zúñiga lo acusaron de acoso sexual, laboral y de ser amenazadas y coaccionadas por él, según el documento de la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa 48/2025-OJ-IV al que tuvo acceso Proceso.
La “conducta más antigua” de hostigamiento sexual y laboral, atribuida al juzgador, que en aquel tiempo estaba en Hermosillo, Sonora, data del 11 de agosto de 2017. Así está identificada en el documento de resolución, pues en esa fecha la víctima causó baja del juzgado por renuncia.
Domínguez Zúñiga se trasladó a Querétaro, donde acumuló nuevos señalamientos por conductas similares a las que le atribuyeron con anterioridad.
Luego de la publicación de noviembre de 2024 y a menos de siete meses para la elección del Poder Judicial federal, Domínguez
Zúñiga hizo uso de su derecho de réplica en este medio, reconociendo que se inició un procedimiento en su contra, derivado de
denuncias que los señalaban como “presunto responsable de una infracción administrativa”, pero que éste se encontraba en
desahogo.
En febrero pasado (un año y tres meses después), la Comisión de Disciplina del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial determinó
de manera unánime sancionarlo, al considerar fundadas las acusaciones de hostigamiento sexual en su contra, con un año de
inhabilitación.
“Existen elementos de prueba suficientes que acreditan que el servidor público Herminio Armando Domínguez Zúñiga, en su
actuación de Juez de Distrito, incurrió en falta de profesionalismo, causa de responsabilidad administrativa grave prevista en la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, dado que, valiéndose de su posición jerárquica, llevó a cabo
conductas de hostigamiento sexual, sobre las servidoras públicas denunciantes, de su entorno laboral, que atentaron contra su
dignidad, libertad sexual e integridad”, indica la resolución.
Grados de responsabilidad
En entrevista con Proceso, la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial e integrante de la Comisión de Disciplina,
Celia Maya García, defendió las resoluciones del nuevo órgano, asegurando que juzgaron con honestidad, acuciosidad y expuso
que en el caso de Herminio Armando Domínguez Zúñiga, del que ella fue ponente, habían considerado adecuada dicha sanción.
Si bien reconoció que tenían el antecedente de los cinco años de sanción contra el juzgador Campos Saito, determinaron la inhabilitación de un año debido a que, sostuvo, Domínguez Zúñiga ya no laboraba en el Poder Judicial de la Federación, al llevar cuatro años suspendido.
“En este caso ya no va a causar ningún daño, no está en el Poder Judicial la persona, ya está fuera del Poder Judicial, no teníamos
otra sanción para él que no fuera la inhabilitación para algún cargo público (…) se consideró que podía ser un año”.
La magistrada reconoció que aunque había sido suspendido por esos cuatro años, Domínguez siguió recibiendo un haber correspondiente al 35% de su sueldo.
“Él en varias ocasiones, recuerdo, había pedido ante el Consejo (de la Judicatura) que se le restituyera considerando que si se
examinaba el expediente no había elementos para que pudiera estar separado y que se le siguiera su procedimiento, siempre se
le negó”.
Con una larga carrera como juzgadora en Querétaro, Maya García puntualizó que si se comparan las conductas de acoso sexual
de los casos señalados, no tenían el mismo nivel de gravedad.
Admitió que estos casos se deben juzgar con perspectiva de género, pero acotó que no hay una regla para determinar las
sanciones, al insistir en que cada uno tiene sus particularidades.
Ella puso el ejemplo de que una invitación a salir puede resultar menos incómoda o puede causar menor agravio que alguna otra conducta.
Aunque luego subrayó que por más leve que se considere la falta, se trata de acoso sexual.
“No pueden tolerarse nunca, nadie tiene por qué vivir la incomodidad de ese tipo de situaciones”.
En la entrevista confirmó que tanto el juez sancionado con un año de inhabilitación, como una de las mujeres que lo acusa, ya
habían presentado un recurso de inconformidad, lo cual será tema de una segunda instancia, que es el Pleno del Tribunal.
La magistrada presidenta aseguró que si bien fue ponente del caso de resolución contra Domínguez Zúñiga, puede tomar otra decisión en la sesión de pleno y pidió confianza.
“Entonces es otra oportunidad para que, si hubo alguna falla, pueda resarcirse”.
Inhabilitación de tres meses
Respecto del caso del juez Juan Gerardo Anguiano Silva, del que Proceso dio cuenta en junio de 2024, el anterior Consejo de la
Judicatura consideró que había elementos para iniciar un proceso por hostigamiento laboral, violencia de género, falta de
profesionalismo y actos de naturaleza sexual por al menos siete años contra varias subordinadas.
La Comisión de Disciplina del nuevo tribunal resolvió inhabilitarlo sólo por tres meses.
Anguiano Silva, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el estado de Querétaro, fue denunciado por dos mujeres y un varón.
El 25 de noviembre del año pasado —Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer— la Comisión de
Disciplina del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial resolvió inhabilitar sólo por tres meses a Anguiano Silva.
La magistrada Maya García y los magistrados León Tovar y Bátiz Vázquez votaron de manera unánime por esa sanción.
En el análisis de la ponencia de la magistrada Eva Verónica de Gyvés Zárate detectaron la carga pesada de trabajo y las
condiciones laborales del personal denunciante.
“Dentro de las facultades del juez de Distrito se encuentra la de administración y organización del trabajo dentro del órgano
jurisdiccional, no obstante, lo hasta aquí analizado revela que las decisiones e indicaciones llevadas a cabo por la persona
servidora pública implicada no eran para realizar el trabajo de manera óptima”, se lee en el documento del procedimiento de
responsabilidad administrativa identificado con el número 55/2025-OJ-V.
En lo que tiene que ver con otras conductas, como “gritos, groserías, burlas, malos tratos, ofensivos, agresivos, denostativos y
humillantes hacia las personas actuarias adscritas al juzgado”, el proyecto de la magistrada advirtió que estaban acreditadas.
Sin embargo, otras acusaciones como que el juzgador había exigido una cooperación económica para celebrar su aniversario en el cargo, o conductas relativas a la violencia de género, fueron desechadas por “no existir elementos de convicción suficientes”.
Maya García expuso que este caso tiene que ver más con hostigamiento laboral.
Pidió no sólo a las mujeres denunciantes en estos casos, sino a la población en general, tener confianza en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
“Yo soy la primera que quiere que estas cosas no pasen y también que las sanciones sean las más correctas, las más eficaces
para poder ir frenando este tipo de conductas”.
