INE da plazo de tres horas para que gobernadores retiren comunicado en apoyo a AMLO
El órgano electoral ha exigido a los servidores públicos no difundir propaganda gubernamental ante el periodo de veda electoral para el proceso de revocación de mandato
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar en un plazo máximo de tres horas, el comunicado que suscribieron 17 gobernadores, así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que difunde logros del gobierno federal en periodo de veda electoral por el proceso de revocación de mandato.
En sesión virtual , la instancia electoral discutió y resolvió procedente la queja que presentó el PAN en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y los Gobernadores de Baja California,María del Pilar Ávila; de Baja California Sur, Víctor Manuel Cosío, de Campeche, Layda Sansores; de Chiapas, Rutilio Escandón; de Colima, Indira Vizcaíno; de Guerrero, Evelyn Salgado.
Así como Alfredo Ramírez Bedolla, fe Michoacán; de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; de Puebla, Luis Miguel Barbosa; de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; de Sinaloa, Rubén Rocha; de Sonora, Alfonso Durazo, Tabasco, Carlos Merino; de Tlaxcala, Lorena Cuellar; de Veracruz, Cuitláhuac García y de Zacatecas, David Monreal, por emitir un comunicado en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El PAN solicitó medidas cautelares por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, derivado de la publicación en redes sociales, el pasado 13 de febrero, en el comunicado titulado “Gobernadores y Gobernadoras de la Cuarta Transformación” en el que manifestaron su apoyo al mandatario federal en el contexto del proceso de revocación de mandato, también solicitó tutela preventiva para que las personas servidoras públicas denunciadas se abstengan de realizar conductas similares en el futuro.
Por unanimidad de votos los integrantes de la Comisión consideraron procedentes las medidas cautelares al advertir que se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza, considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de revocación de mandato en curso.
La instancia electoral consideró que se trata de propaganda gubernamental que se difunde en periodo prohibido que inició desde el 4 de febrero pasado y hasta la realización de la consulta el próximo el 10 de abril, señaló que el escrito además de resaltar aspectos personales y la manera en que gobierna el titular del Ejecutivo, tiene como temática central y preponderante señalar y difundir logros, avances, éxitos y actividades gubernamentales, por lo cual es procedente la medida cautelar.
Establece que dicho comunicado encuadra dentro de la categoría de propaganda gubernamental al acreditarse que quienes suscriben el documento son personas servidoras públicas de alto nivel y responsabilidad en sus respectivas entidades federativas y al hacer referencia a una serie de logros, acciones y medidas gubernamentales incurren a violaciones a la veda electoral.
Por ello, la instancia acordó ordenar los gobernadores y jefa de gobierno denunciadas que, de inmediato y en un plazo que no podrá exceder de tres horas, realicen las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación denunciada de sus redes sociales, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración, a las y los titulares estatales.
La Comisión de Quejas y Denuncias emitió también un pronunciamiento a las personas servidoras públicas de todos los ámbitos y niveles de gobierno, “para que en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales; por una parte, para respetar la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para difundir propaganda gubernamental, debido a que ello escapa de los temas y aspectos que, por mandato constitucional, se permiten incluir en comunicaciones o mensajes oficiales durante el desarrollo del proceso de revocación de mandato y, por otra parte, la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir en la opinión ciudadana”.
La Comisión advirtió que que estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrolla el proceso de revocación de mandato, de manera particular, de vigilar a las personas servidoras públicas “quienes deben tener un especial deber de cuidado respecto de las expresiones que emiten, de manera individual o conjunta, que puedan derivar en una afectación a los principios de imparcialidad, neutralidad o disposiciones vinculadas con dicho proceso”, señalaron.
