Durante más de cuatro meses, el pozo exploratorio Krem-1 de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el ejido Constitución Mexicana, de Las Choapas, Veracruz, ha permanecido en llamas sin que ninguna autoridad pueda controlarlo, ocasionando daños extensos en comunidades rurales, el medio ambiente y el clima de la región. La emergencia, que comenzó el 5 de marzo, sigue sin estar bajo control y habitantes de al menos 29 localidades continúan expuestos a gases tóxicos y contaminación.
De acuerdo a un informe realizado por la organización CartoCrítica, el área afectada por el incendio abarca ya 270 hectáreas, de las cuales 8 corresponden a suelo calcinado, 120 a vegetación muerta y 140 a vegetación dañada. Imágenes satelitales muestran el deterioro progresivo del entorno, con la mancha de daño extendiéndose hasta 1.5 kilómetros del cabezal del pozo.
Las localidades cercanas al pozo, como Las Cruces, Guadalupe, El Remolino, El Nacimiento, Constitución e Ignacio López Rayón, han registrado casos de enfermedades respiratorias, dolores de cabeza, náuseas e irritación ocular, incluso en menores y adultos mayores.
La muerte de ganado y animales de traspatio, la pérdida de cultivos, árboles frutales y pastizales, junto con la contaminación de cuerpos de agua como el arroyo Armadillo —que cruza doce comunidades—, forman parte de los efectos directos sobre la vida cotidiana.
Organizaciones ambientales exigen soluciones efectivas
Han transcurrido más de cuatro meses sin que las autoridades logren controlar el catastrófico incendio. Organizaciones como CartoCrítica y la Alianza Mexicana Contra el Fracking han documentado desde el inicio las afectaciones que este siniestro ha ocasionado en las comunidades cercanas.
Greenpeace también se ha sumado a la exigencia de medidas prontas y efectivas sobre el incendio, lo que lo ocasionó y las medidas que serán tomadas ahora y después para enfrentar los daños ocasionados.
Desde el inicio del incendio, se han liberado aproximadamente 252 millones de metros cúbicos de gas a la atmósfera, cifra estimada al 6 de julio, de acuerdo con Mikhail Zhizhin, investigador asociado al Earth Observation Group. Este volumen equivale a más de un tercio de todo el gas seco utilizado en los hogares de México durante 2023, lo que representa un daño significativo al medio ambiente.
Tomando como referencia estos números, CartoCrítica ha calculado que la combustión liberó alrededor de 500 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) y “al considerar el metano que pudo escapar sin quemarse, el impacto se aproxima a 620 mil toneladas de CO2 equivalente, en un horizonte de 20 años, tanto como las emisiones anuales de aproximadamente 135 mil automóviles” se lee en un comunicado publicado por las organizaciones.
Denuncian falta de transparencia de Pemex
Las organizaciones han señalado que durante estos 140 días de emergencia, Pemex ha proporcionado información incompleta y ha incumplido los plazos anunciados para controlar la fuga. Desde el 21 de junio, la empresa estatal ha repetido que el cierre ocurrirá “en los próximos días”, sin avances concretos hasta el momento.
En su último comunicado sobre el tema, emitido el 17 de julio, Pemex anunció que continúa atendiendo la contingencia y que los esfuerzos se concentran en la instalación de un nuevo sistema de válvulas y tuberías para lograr el apagado definitivo del fuego, sin embargo, reiteraron que “la conclusión se estima en los próximos días” sin que se brinden mayores detalles.
La incertidumbre se agrava por la falta de mediciones independientes sobre los contaminantes liberados. Se advierte la presencia de dióxido de nitrógeno, partículas finas y compuestos orgánicos volátiles como benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos. El benceno es cancerígeno y está relacionado con leucemia, mientras que el tolueno puede afectar el sistema nervioso y las partículas finas aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Las organizaciones demandan una reparación integral de los daños a la salud y los medios de vida, así como mediciones ambientales transparentes y de acceso público sobre la contaminación en aire, agua y suelo. Además, consideran que la experiencia con el pozo Krem-1 debe tomarse como advertencia para rechazar la utilización de fracking en el país, técnica que implicaría riesgos adicionales al requerir perforación horizontal, inyección de agua y químicos, y generación de residuos contaminantes.
Un modelo de extracción con riesgos acumulados
El caso del pozo Krem-1 forma parte de un patrón de siniestros en infraestructura fósil en el país, incluidas explosiones, fugas y derrames recientes. Organizaciones advierten que incluso en su forma convencional, la extracción de hidrocarburos conlleva riesgos elevados y tiende a descontrolarse, trasladando los costos a las comunidades.
La demanda principal es que la política energética deje de priorizar la expansión de la industria fósil y coloque en el centro la protección de la salud, el territorio y las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. La situación en Las Choapas ilustra la urgencia de avanzar hacia un modelo energético que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles y evite convertir regiones enteras en zonas de sacrificio.
