PRI acusa al gobierno federal de utiliza programas sociales para promover la consulta popular
El gobierno federal, a través de la Secretaría del Bienestar, distribuye de manera ilegal panfletos entre los beneficiarios de programas sociales para promover la consulta popular del 1 de agosto en la que se le preguntará a los ciudadanos si se debe o no investigar las acciones de actores políticos del pasado, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) es el único facultado, acusó la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados a través de su vocero, Héctor Yunes Landa.
El legislador por Veracruz, sostuvo que el gobierno federal busca manipular la opinión de los ciudadanos al incluir en estos panfletos la figura de ex presidentes de México, cuando dijo, la consulta también abre la posibilidad de investigar muchos funcionarios morenistas, entre ellos, quienes construyeron y provocaron la tragedia de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
“Ellos son actores políticos del pasado cuyas decisiones provocaron la muerte de muchas personas”, subrayó el priista, en este contexto, dijo que las referencias y las afirmaciones sobre el enjuiciamiento de los expresidentes son declaraciones tergiversadas que buscan manipular a la ciudadanía.
“La promoción que hace el gobierno de la consulta es ilegal. De acuerdo al artículo 35 de la Constitución, el INE tendrá a su cargo, exclusivamente, la difusión de la Consulta popular”, advirtió.
El vocero de la bancada priísta en San Lázaro, recordó que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se pronunció en el sentido de que la consulta popular del próximo 1 de agosto no obliga a la Fiscalía General de la República ni al Poder Judicial a actuar contra nadie, por ello, advirtió que el gobierno gastará 500 millones de pesos sólo para preguntar a los mexicanos si están de acuerdo en que se aplique la ley, lo que no merece consulta alguna, insistió
Los legisladores priistas coincidieron en que que la consulta no tiene nada que ver con procedimientos ministeriales ni judiciales, porque los procedimientos de procuración de justicia no se consultan y que se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública.
La pregunta expresa modificada y aprobada por a SCJN que será materia de la consulta popular del próximo 1 de agosto es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Por ello, tras calificarla de una campaña de propaganda política, la fracción del Revolucionario Institucional hizo un llamado al gobierno federal para que suspenda la difusión y distribución de estos panfletos entre los beneficiarios de los programas sociales, y que sea el INE quien organice, difunda y sancione este ejercicio de democracia participativa.
