Denuncia la CANACO Tula clausuras arbitrarias y excesivas multas a comercios
* Apenas el martes clausuraron una tienda Arlequín con policías y les cobraron más de 5 mil porciento de multas
Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio Tula (Canaco), denunciaron que desde inicios de la semana que hoy concluye, el comercio del centro de la demarcación es objeto de clausuras arbitrarias y cobros de multas para la reapertura por parte del gobierno de Manuel Hernández Badillo a través de la dirección de Reglamentos y Espectáculos.
Además, sostuvieron que en el rubro de licencias de funcionamiento hay incrementos de más del 5 mil por ciento.
Estela Moreno Cornejo, presidenta del organismo, aseguró que un comerciante quiso acudir a pagar una licencia de funcionamiento por un local de abarrotes y que le quisieron cobrar 50 mil pesos por un permiso anual, cuando anteriormente pagaba 3 mil pesos.
Calificó el incremento como un abuso, y llamó a las autoridades locales a reconsiderar su postura, y apoyar a los comerciantes de la ciudad, y, sobre todo del primer cuadro, pues vienen de haber sufrido las afectaciones de la inundación del pasado septiembre, como para que todavía les clausuren con cualquier pretexto y les cobren multas de varios miles de pesos por la reapertura.
Rigoberto Aguilar Zavala, vicepresidente del organismo, señaló que por cada sello que coloca Reglamentos es una multa de 9 mil 800 pesos, más 60 mil si el comerciante quiere extender su horario de apertura, consideró que el acoso y multas que ha efectuado el municipio buscan fines recaudatorios.
Por separado, Alberto Cruz Rodríguez, uno de los tres propietarios de las abarroteras El Arlequín denunció que el pasado martes por la noche, inspectores de Reglamentos acudieron a clausurar uno de sus negocios, ubicado en la calle Morelos, y que para ejecutar el cierre, que se dio de manera arbitraria, pues no se le notificó ni se le citó previamente, fue utilizada la fuerza pública.
Narró que a él personalmente lo jalonearon policías municipales, mientras que uno de sus empleados recibió una golpiza por parte de los uniformados.
El comerciante tulense aseguró que para quitar los sellos de clausura, la autoridad municipal pretendió cobrarle 54 mil pesos, mientras que para un permiso para vender dos horas más, le requirieron otros 60 mil pesos.
Cuestionó la medida, ya que indicó que las grandes tiendas de la ciudad siempre operan fuera de su horario y a más del 100 por ciento de su capacidad, pero a ellos no se les molesta. Exigió piso parejo.
Finalmente, Cruz Rodríguez aseveró que por todas las acciones ejercidas por el gobierno de Manuel Hernández, está contribuyendo a que la economía de Tula se vaya a pique.
