Desaparición forzada
A raíz del descubrimiento de un campo de entrenamiento militar en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, por el colectivo de madres buscadoras, se encendieron las alarmas sobre las personas desaparecidas en México. En la actualidad existen 126 mil 894 casos de personas desaparecidas.
En promedio desparecen 30 personas al día, con edades que fluctúan entre 15 y 19 años para el caso de las mujeres y entre 15 a 29 años de edad para el caso de los hombres. Los estados más afectados con esta problemática son Jalisco, Michoacán y el Estado de México.
El pasado 4 de abril tuvo lugar en Ginebra, Suiza la 28 Convención del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. En dicha reunión el Comité, presidido por Olivier Frouville, declaró que en México las desapariciones son forzadas, sistemáticas y generalizadas, por lo que decidió activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención con respecto a la situación de México.
¿Qué dispone el art. 34? “si el Comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.
La decisión del CED de activar el procedimiento del art. 34 se adoptó por consenso a partir de denuncias recibidas y tras realizar una visita a México.
PROTESTA CONTRA LA ONU
Al respecto la Presidencia Claudia Sheinbaum envió una nota diplomática al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en protesta a las declaraciones del Comité Contra la Desaparición Forzada y negó que en México exista la desaparición forzada desde el Estado, aunque reconoció que sí hay un problema de desapariciones pero vinculado al crimen organizado.
En el mismo sentido se expresó la Titular de los Derechos Humanos, Piedra Ibarra, quien atribuyó las desapariciones a grupos delictivos y particulares y las denuncias a intereses políticos. También dijo que “la ONU no tendrá injerencia en México sobre el tema de desapariciones”. Por cierto los colectivos de madres buscadoras piden su destitución por su incompetencia para resolver el problema de desaparición forzada desde el sexenio pasado.
ONU PENALIZARÍA A MÉXICO
Reconocer que en México existe la desaparición forzada de manera sistemática y generalizada amerita una penalización por la ONU, pues está considerado un crimen de lesa humanidad por el derecho internacional. Por eso el estado mexicano no puede aceptar que exista tal problemática. De hecho el Presidente del Senado Mexicano, Gerardo Fernández Noroña declaró interponer un recurso legal en contra del francés Olivier de Frouville para que sea sancionado.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) durante los primeros cuatro años del sexenio del ex presidente López Obrador los homicidios dolosos en México bajaron un 12.17%, pero el número de personas desaparecidas y no localizadas aumentó un 27.69%.
Aunque AMLO desmintió tal aseveración en su conferencia mañanera en agosto de 2024 donde aseguró que a diferencia del sexenio de Calderón en “mi gobierno no hay masacres, no se ejecuta a heridos, se respetan los derechos humanos y no hay desparecidos”.
Por esta fecha se difundió en la prensa escrita información que hacía alusión a un pacto entre criminales y agentes del Estado para desaparecer el cuerpo del delito en lugares controlados por el crimen organizado.
Un estudio publicado en julio de 2024 por International Crisis Group (ICG), con sede en Bélgica y Reino Unido afirmó: “los miembros de las fuerzas de seguridad y los lideres criminales señalan que se ha establecido un conjunto de reglas, en gran medida tácitas, que alientan a los grupos ilegales a reducir y ocultar la violencia que perpetran”.
Ocultar a sus víctimas en fosas clandestinas, u otros recursos que van desde desmembrar el cuerpo y ocultarlo en bolsas negras, arrojar el cadáver a presas o canales de aguas negras, abandonar los cuerpos en basureros o terrenos baldíos para que sean devorados por la fauna, hasta desaparecerlos en ácido muriático o sosa caustica, utilizar hornos crematorios o darlos de comer a las fieras, es práctica común entre grupos delincuenciales.
Con frecuencia nos enteramos del aseguramiento de animales salvajes (leones, tigres, hienas, cocodrilos) en predios ocupados por la delincuencia organizada.
ATENCIÓN A VICTIMAS
Ante la presión de los organismos internacionales el gobierno federal ha buscado un acercamiento con la victimas a través de la Secretaria de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante un encuentro ocurrido el 7 de abril entre la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez y 6 colectivos de búsqueda de desaparecidos.
La titular de SEGOB se comprometió a garantizar la localización de las personas desaparecidas en base a 10 puntos: crear una Plataforma Única de Identidad con la CURP que contenga los datos biométricos de cada ciudadano, crear una Alerta Nacional de Búsqueda y una Base Nacional de Carpetas de Investigación actualizada por las distintas fiscalías del país, fortalecer el Banco Nacional de Datos Forense con la participación de particulares como funerarias, hospitales y laboratorios, etc., así como establecer penas de hasta 50 años contra quienes cometan el delito de desaparición forzada.
Por su parte, Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora dijo durante el encuentro que legislar no basta para evitar nuevas desapariciones, es necesario eliminar las barreras burocráticas que enfrentan las familias al denunciar como el plazo de 72 horas para que la víctima regrese, las autoridades deben iniciar la búsqueda inmediata al levantar el reporte.
PRESIÓN INTERNACIONAL
En un artículo publicado en el diario El Universal el 18 de abril se habla de que la ONU ha establecido un plazo de 5 meses al gobierno mexicano para que presente un informe que explique qué acciones está llevando a cabo para evitar la desaparición forzada en México.
Será entre el 29 de septiembre y 3 de octubre cuando el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) se reúna y decida si el tema de la desaparición forzada en México se lleva a la Asamblea General de la ONU para su discusión. Si las autoridades gubernamentales siguen negando que tal problemática existe, el caso puede llegar a la Corte Penal Internacional o a la Corte Internacional de Justicia y las autoridades mexicanas pueden recibir una sanción.
