Diputados piden a la fiscalía de Puebla respeto a derechos de tulense
*Un mecánico de Xochitlán de las Flores fue detenido por el avionazo del exgobernador de esa entidad y su esposa
Con el propósito de que se garantice el debido proceso de acuerdo a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, respeto a los derechos humanos, salvaguardándose el principio pro persona en beneficio del tulense Israel O.J., mecánico calificado de la empresa Rotor Flight Services S. de R.L. de CV, vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el accidente aéreo que cobró la vida de la gobernadora Martha Erika Alonso, el senador Rafael Moreno-Valle y tres personas más, el diputado local Ricardo Baptista González y 16 de sus homólogos legisladores, promueven un acuerdo económico por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General y al Poder Judicial, ambos del Estado de Puebla, a observar tales garantías.
El ciudadano Israel fue detenido con engaños el 24 de diciembre en su casa en Xochitlán de las Flores sin orden de presentación, ni de aprehensión, siendo llevado al penal de Huejotzingo, Puebla, más de 12 horas después, violando el debido proceso y sus derechos humanos, refirieron sus familiares, vecinos de la colonia La Malinche de Tula.
En la sesión ordinaria 177 del Congreso estatal, el legislador del distrito XIV, a nombre de sus homólogos, indicó que no se pretende invadir el campo de ejecución de ninguna autoridad jurisdiccional en un asunto de esta naturaleza.
“Pero si se hace, como en otros casos, un atento llamado para que el ciudadano Israel, sea objeto, como lo marca el derecho, de un debido proceso y la correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto a la dignidad humana, para obtener como resultado el dictado de una sentencia absolutoria o condenatoria sin soslayar la condición de justicia social y buscando la plenitud del Estado de derecho”, apuntó.
Añadió que en aras del principio de imparcialidad, solicitan que, así como tres directivos de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, S.A de C.V., que también fueron vinculados a proceso por el mismo caso y a quienes el Ministerio Público no pidió la prisión preventiva ante el juez, se revise el otorgamiento de un amparo en adhesión para el conciudadano, dado que durante dos años, él en su calidad de testigo, siempre acudió al juzgado con plena disposición a declarar.
