Habitantes de Atitalaquia se volvieron a manifestar en contra del relleno sanitario regional
En demanda de la clausura definitiva del Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (CRTRSU), el jueves a temprana hora, integrantes del movimiento No al Basurero de Atitalaquia realizaron un bloqueo en la presidencia municipal, donde colocaron pancartas de rechazo.
Sin un líder visible, los inconformes expusieron los tres principales puntos de un pliego petitorio conformado desde el 14 de enero pasado, fecha en que inició la resistencia a la operación del tiradero: el cierre definitivo del complejo; revocación del permiso para el funcionamiento del vertedero, que fue extendido el 24 de diciembre de 2021, así como seguridad para los manifestantes a consecuencia de las amenazas de las que fueron objeto hace una semana, por parte de un supuesto policía ministerial.
Reyna Hernández Obregón dijo que la principal razón de que estén en contra del centro de tratamiento es porque incumple con la normativa mínima ambiental ya que está cerca de zona urbana, de industrias de alimentos, cables de alta tensión y por encima de ríos y cárcamos subterráneos, lo que implica la contaminación de los mantos freáticos.
Del segundo aspecto, pidió que el alcalde Lorenzo Agustín Hernández Olguín convoque a sesión de Cabildo para que junto con todos sus regidores y síndica traidores anulen el permiso para operar del basurero regional.
Otro manifestante señaló que las instalaciones del vertedero regional afectan a toda la demarcación, pero especialmente a más de 2 mil 500 familias avecindadas en localidades como: El Cardonal, 18 de Marzo, Miguel Hidalgo, Dendho, y Tlamaco.
Desde el 14 de enero, residentes de la demarcación han efectuado múltiples manifestaciones multitudinarias para exigir el cierre de lo que llaman basurero a cielo abierto, sin que, hasta la fecha, las autoridades de los tres niveles de gobierno atiendan su demanda, por lo que ya se adelanta la formulación de un amparo federal para evitar la operación del confinamiento.
El abogado Jesús Eduardo García Pérez señaló que desde que el “centro de tratamiento” fue inaugurado el 11 de enero pasado, se han violado los derechos humanos de la gente de Atitalaquia, en especial el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano.
La presidencia de Atitalaquia no tuvo servicio el jueves, debido a que a consecuencia de la manifestación, no se presentaron los funcionarios públicos que ahí laboran.
Los manifestantes informaron que desde hace dos semanas mantienen bloqueadas las instalaciones del centro regional de tratamiento.
