Regidores de Tula impugnarán el presupuesto que se aprobó para el 2023 porque «la repartición de los recursos privilegia gastos superfluos y no las necesidades de la población”
- Así lo señalaron en conferencia de prensa los regidores Ricardo Baptista, Araceli Rivera Díaz y Evangelina López Cornejo
Tres regidores de oposición en el Cabildo de Tula se manifestaron en contra de la aprobación del presupuesto que se ejercerá en este 2023 y que será de 345 millones 510 mil pesos porque privilegia los gastos superfluos y no considera las necesidades sociales de la población para obras y acciones que se requieren en el municipio. Señalaron que lo impugnarán porque además es ilegal, ya que no se aprobó dentro del periodo que marca la ley.
Los regidores Ricardo Baptista González (Morena), Araceli Rivera Díaz (PAN) y Evangelina López Cornejo (PRI) ofrecieron una conferencia de prensa el jueves por la mañana donde explicaron por qué votaron en contra del presupuesto 2023 que presentó el gobierno municipal y también en contra de las adecuaciones al 2022.
El presupuesto fue aprobado porque hubo 17 votos a favor, tres en contra (de los regidores mencionados) y dos abstenciones.
Araceli Rivera Díaz explicó que decidió acudir a la conferencia de prensa para dar la cara a la sociedad y se negó a aceptar el presupuesto 2023 porque la ley establece que se debe aprobar antes del 30 de diciembre, pero la sesión de cabildo se realizó hasta el martes 2 de enero de 2023, lo cual está fuera del marco legal.
«El presupuesto se presentó de manera extemporánea y lo hicieron por conveniencia», aseguró.
“PAN Y CIRCO AL PUEBLO”
Además, explicó que la distribución de los recursos que utilizará el gobierno municipal «es poco social» ya que no considera las necesidades prioritarias y aunque el alcalde diga que Tula requiere «proyección», primero se deben atender las necesidades básicas como el bacheo, drenajes y el gasto social, lo cual no ocurre porque se le da prioridad a los eventos sociales, como el maratón que se realizará por segunda ocasión dentro de unos meses y la presentación de Lila Down.
Por su parte, Ricardo Baptista señaló que en el presupuesto 2023 y en las adecuaciones 2022 «hay un desaseo» en la forma y el fondo porque no satisface las necesidades del municipio y se privilegia el gasto para ofrecer «pan y circo al pueblo», en diversas festividades.
En la conferencia presentaron documentos con la clasificación por tipos de gasto y se detalla que el 81.14 por ciento de los 345 millones se destinará a gasto corriente, es decir, a los sueldos y salarios de 858 trabajadores, mientras que sólo el 16 por ciento será para obra pública, es decir, 55 millones de pesos, y otros 9 millones de pesos se utilizarán para pagos a jubilados y pensionados.
“Así no se puede avanzar porque se requieren muchas más obras en las comunidades y en el centro de Tula, donde las calles están llenas de baches y están a oscuras, ya que no hay iluminación pública”, aseguró Baptista.
Además, indicó que no hay recaudación el gobierno municipal y no se ha hecho el esfuerzo por lograrlo. Hay un 50 por ciento en rezago en el predial y el agua, y el argumento es culpar a la Cruz Azul porque no ha pagado los 35 millones de predial que le corresponden en el 2022 más los recargos.
Explicó que es mucho el gasto que se destina a los salarios de 858 trabajadores, de los cuales 544 son de confianza. «Ellos dicen que se redujo el personal, pero esto no lo vemos porque no se redujeron los recursos que se gastan en este rubro», agregó.
En una estadística que presentaron en la conferencia sobre los últimos años, se destaca que en el 2021 había 907 trabajadores, en el 2022 eran 945 y en el 2023 se propone que sean 858 trabajadores.
Por su parte, la regidora Evangelina López Cornejo señaló que en el 2023 no se condonará ni el predial ni el pago del agua a los damnificados, y agregó que no hubo un acuerdo firmado por el alcalde Manuel Hernández Badillo o el gobierno municipal, por lo cual este aspecto no se integró en el presupuesto para este año.
Finalmente, los tres regidores señalaron que las acciones que seguirán es impugnar el presupuesto 2023 y las adecuaciones al presupuesto 2022, para lo cual tienen de plazo hasta el mes de marzo de este año ya que es el límite en que se puede hacer en el Congreso del Estado.
