“Pingüinos que anidan en cajas”: Península Valdés, un sitio patrimonio inundado de plásticos
La indignación popular en Argentina ha provocado que el Gobierno acelere la limpieza de este área protegida plagada por toneladas de cajones, redes, baldes, guantes y otros desechos plásticos Las imágenes de residuos plásticos en las costas de Península Valdés, un área protegida de la provincia de Chubut que posee uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo, provocaron una fuerte indignación en las últimas semanas en Argentina. Según las estimaciones gubernamentales, son 40 toneladas de cajones rotos, baldes, guantes y redes provenientes de la actividad pesquera en la zona.
El mar de plásticos se acumula desde hace meses en Punta Delgada, Estancia El Pedral, Bahía Cracker, Punta Cormoranes y en las islas Tova y Tovita, que forman parte de las 887.000 hectáreas marinas y terrestres declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco (1999).
La noticia estalló en las portadas de los diarios argentinos en abril tras denuncias por las demoras en la limpieza. Finalmente, la remoción comenzó la última semana del mes pasado y se extenderá hasta fines de mayo, mientras la fauna no se encuentre en la costa. La cuestión ahora es resolver el fondo del problema: por qué hay tanta basura de la industria pesquera en el océano.
La península Valdés es un santuario de la naturaleza donde anidan pingüinos, se reproduce la ballena franca austral y es hábitat de elefantes y lobos marinos, delfines, orcas y un sinnúmero de aves. “Vi animales lastimados encima de los plásticos y, en Tovita hay pingüinos que anidan dentro de las cajas y también se ven algunos muertos en la costa rodeados de basura”, dice Yago Lange, ex deportista olímpico argentino de vela, y embajador de Parley of the Oceans, una organización internacional que trabaja por el cuidado de los océanos.
Lange viene alertando desde hace tiempo sobre las playas contaminadas por desechos de los barcos pesqueros, denunciando las dilaciones en la remoción de los desperdicios y documentando la situación que, dice, empeoró en los últimos seis meses.
Las autoridades provinciales, nacionales y la industria pesquera reconocen el problema. El viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, ha asegurado que urge identificar a los autores de lo que definió como una “acción criminal contra el ambiente” y sancionar a los responsables. “Hay que entender cuál es la mecánica por la cual hay una actividad que decide externalizar brutal y aviesamente sus costos ensuciando un recurso natural tan valioso como son las zonas costeras de la provincia de Chubut”, dijo el funcionario.
El subsecretario de Gestión Ambiental de Chubut, Fernando Pegoraro, ha admitido que en los últimos cinco años creció la cantidad de residuos en las costas, pero también dice que las revisiones en la zona son más exhaustivas. La provincia de Chubut tiene 1.600 kilómetros lineales de costa. Casi un tercio son inaccesibles por su geografía de precipicios y riscos, donde se acumulan residuos arrastrados por vientos y mareas.
Según explica Pegoraro, en la zona hay dos lugares especialmente impactados por esta situación. Uno de ellos es una zona de tres kilómetros de playa donde las autoridades han calculado “unos 100 metros cúbicos de basura”, mientras que en siete kilómetros de playa de dos islas han detectado “otros 100 metros cúbicos”. Un metro cúbico equivale a 200 kilos, por lo que, en función a esa estimación, serían al menos 40 toneladas de basura. “La responsable obviamente es la industria pesquera, pero no podemos determinar qué barco ni qué empresa ni si es nacional, provincial o internacional”, apunta el funcionario.
Buscando soluciones al problema
Los cajones que se utilizan para la pesca solo llevan la identificación de la empresa frigorífica que los entrega para la recolección del pescado, pero no tienen un DNI del buque que los transporta. Por lo tanto hoy es imposible saber de dónde se caen o quién los tira. El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas trabaja desde marzo en un diagnóstico este problema, y ofrecerá los resultados en julio.
Jorge Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, apunta que se debe aplicar la Ley de Navegación N° 20094, que indica que el capitán es el garante de que nada caiga al mar. Pero eso no es suficiente. “Todos los materiales deberían ser marcados con los datos, colores o señas de la embarcación”, propone. Y, además, sugiere que la empresa armadora sea responsable solidaria para su cumplimiento.
En ese sentido, el 9 de mayo se aprobó una regulación sobre la obligatoriedad del marcado e identificación de las artes de pesca por arrastre y la declaración obligatoria de la cantidad de cajones con las que zarpan las embarcaciones y arriban a puerto. Por ahora, los pesqueros deben contar obligatoriamente con grampines y bicheros a bordo para facilitar la recuperación de los cajones que caen al mar.
En la actualidad, la única regulación vigente que ayuda a mitigar la presencia de plásticos y microplásticos en el mar es la que se utiliza para la captura de centolla. Desde la industria pesquera, reconocen la necesidad de remediación, pero defienden su lugar como generadores de divisas y trabajo.
Frías, que lleva navegando el Atlántico desde 1985, cuando tenía 17 años, dice que desde entonces ha visto restos de cajones plásticos y elementos sintéticos de la pesca en el mar y las costas. Pero cree que, con el tiempo, las actitudes de los marineros han cambiado. “Desde hace muchos años los pescadores no arrojamos plásticos ni desechos”, dice. En su lugar, asegura, los conservan a bordo hasta desembarcar.
Otra cosa que ha cambiado es la flota pesquera, que se ha multiplicado, así como la cantidad de cajones para conservar mariscos frescos. “Se encuentran más desechos claramente por el crecimiento de la industria pesquera en general y porque hay más herramientas para darle visibilidad viral”, afirma el sindicalista. Además, Frías apunta a otros responsables. Según él, la basura plástica también llega desde las ciudades.
El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), Agustín de la Fuente, asegura que la industria pesquera también colabora en la remediación. “Queremos ser parte de la solución. El Atlántico es un mar bravo, robusto, con frío, donde hay tormentas y se pueden caer los cajones, no hay mala intención”, afirma. “Es incoherente pensar que el trabajador de la pesca esté generando ese impacto por propia voluntad. Lamentablemente está pasando, hay que buscarle una solución”.
Lucía Castro, directora de Sin Azul No Hay Verde, una organización que defiende la biodiversidad marina, cree que el sector pesquero tiene escaso control y fiscalización. “Es una industria que siempre hizo lo que quiso en el mar”, subraya. La ambientalista reconoce que hay factores fuera de control como las condiciones climáticas, pero sostiene que no hay justificación para el mal manejo de los residuos en el mar o en puertos.
“Está la figura del observador a bordo que tiene que subir a los barcos y chequear que todo lo que tiene que ocurrir ocurra efectivamente, pero eso no sucede. No hay suficientes fiscalizadores, no hay control arriba de los barcos y en puerto tampoco”, apunta. Por el contrario, el director de Fiscalización nacional Julián Suárez asegura que el control y la fiscalización se realiza de forma ininterrumpida.
Pero para Castro, detrás de los cajones, hay un problema ambiental invisible: la pesca por arrastre que, al igual que el desmonte en tierra, arrasa con el fondo marino a través de redes que levantan lo que encuentran a su paso, obligando al descarte. Según cálculos de la propia industria, el 30% de lo que se pesca es desecho y se arroja por la borda.
