Volverán a urnas, pero sin Morales
LA PAZ. Bolivia emprendió ayer el camino hacia sus primeras elecciones sin la opción presidencial de Evo Morales en 18 años, tras la promulgación de una ley que lo excluye como candidato, luego de un mes de protestas con 32 muertos.
La Presidenta interina Jeanine Áñez firmó la norma que permitirá el llamado a nuevos comicios generales, en una fecha aún por determinar, tras su aprobación unánime en el Congreso bicameral el sábado.
Llegamos a este día con la satisfacción del deber cumplido porque este es el principal objeto de mi gobierno: nuevas elecciones en el menor tiempo posible”, dijo Áñez durante la ceremonia.
Comienza así un difícil camino para los 11 millones de bolivianos en búsqueda de una salida a su peor emergencia política en dos décadas, esta vez sin Morales como alternativa. El ícono de la izquierda latinoamericana, que por casi 14 años tuvo el timón del país, no podrá participar en la campaña, algo inédito desde 2002.
La norma anula los comicios del 20 de octubre en los que Morales fue reelecto y que fueron rechazados por fraudulentos en masivas protestas que encabezó la oposición. La Organización de Estados Americanos (OEA) avaló las sospechas al detectar irregularidades en el proceso.
“Por esta ley hemos salido a las plazas (…) a expresar pacíficamente nuestra decisión de repudio a la forma en que el gobierno anterior intentó manipular la voluntad de todos nosotros montando un fraude escandaloso”, enfatizó Áñez.
Morales se vio forzado a renunciar el 10 de noviembre después de perder el apoyo de la policía y las fuerzas militares, y se exilió en México alegando un golpe de Estado.
El líder indígena de llegó a la Presidencia en 2005 tras fracasar en un primer intento. Fue reelegido en 2009 y 2014. El 20 de octubre obtuvo un nuevo mandato en el cuestionado proceso que desencadenó la crisis.
Puede ir a prisión
Morales puede volver a Bolivia, porque no se puede negar la entrada en el país a un boliviano, pero se arriesga a ser procesado judicialmente, advirtió Áñez.
Claro que puede entrar”, dijo el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, pero “tendrá que responder a esos procesos”.
El Ejecutivo provisional de Áñez denunció a Morales ante la Fiscalía por delitos como terrorismo, cuyas penas en Bolivia van de 15 a 20 años de prisión, y sedición, que está penada con 1 a 3 años de cárcel, acusándolo de promover la violencia en Bolivia desde su asilo en México.
