Caída de “El Mayo”, el comienzo de una guerra sin fin en Sinaloa; se cumple un año de su detención
El secuestro de El Mayo Zambada para entregarlo en EU fue la declaración de guerra entre La Chapiza y La Mayiza y el comienzo de las hostilidades que estallaron con fuerza el 9 de septiembre de 2024
La tarde del 25 de julio de 2024 comenzó a correr la versión de que Ismael El Mayo Zambada, junto con Joaquín Guzmán López —hijo de Joaquín El Chapo Guzmán— se habían entregado ante las autoridades de Estados Unidos. Con el paso de las horas las versiones cambiaron y decenas de preguntas, aún sin respuesta, surgieron.
El 10 de agosto, el abogado de Zambada hizo pública una carta que, aseguró, habría escrito su cliente. En ella se lee: “fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad” y señala a Joaquín Guzmán López como la persona que lo invitó a una reunión y le tendió “una emboscada”.
Al final de la carta se hace un llamado a mantener la paz, el cual que fue ignorado.
El Cártel de Sinaloa quedó fracturado. La sombra de la traición formó dos bandos. Por un lado, Los Chapitos, liderados por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de El Chapo, y del otro, La Mayiza, con Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, hijo de El Mayo Zambada; ambos en una disputa a muerte por el control del territorio de Sinaloa.
Despliegue militar
El 26 de julio, 24 horas después de que El Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos, 200 efectivos de la sección de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, preparados para actuar en áreas urbanas, rurales y de alta montaña, llegaron a Sinaloa.
Dos días después, otros 200 miembros de Fuerzas Especiales y de paracaidistas fusileros de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron “para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población”, según se informó en ese momento.
Fueron los primeros de los más de 14 mil efectivos federales que han sido desplegados en Sinaloa en el último año.
Ante la llegada de los primeros refuerzos, en redes sociales circularon versiones sobre toques de queda, que rápidamente fueron desmentidos por el gobierno local, asegurando que el estado estaba tranquilo.
Fue el sábado 3 de agosto cuando se informó del primer enfrentamiento entre elementos del Ejército y hombres armados en la comunidad de Loma de Redo, en la sindicatura de Quilá, en el sur de Culiacán. En ese hecho se reportó la muerte de cinco civiles y el aseguramiento de armas automáticas y tres camionetas.
Vecinos de la comunidad expusieron que una de las personas muertas era una víctima colateral, un hombre identificado como Juan Miguel “N”, quien salía de su casa a su trabajo cuando quedó en el fuego cruzado y fue alcanzado por las balas. Esta versión nunca fue confirmada por las autoridades.
Focos rojos
La mañana del sábado 17 de agosto, en un camino rural del municipio de Elota, se encontraron tres cuerpos con huellas de tortura. Dos fueron identificados como los hermanos Martín y José Ricardo García Corrales, miembros del Cártel de Sinaloa que algunas fuentes señalan como cercanos a El Mayo Zambada.
Estados Unidos ofrecía 4 millones de dólares por información que llevara a la captura de Martín García Corrales, a quien se le vinculaba con el tráfico de fentanilo.
Se trató de los primeros asesinatos de alto impacto dentro de los círculos criminales del Cártel de Sinaloa y encendieron las alertas sobre la posibilidad real del inicio de una guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.
El gobierno de Estados Unidos fue el primero en reaccionar. El 22 de agosto, el Departamento de Estado emitió la primera de varias alertas de viaje para que sus ciudadanos evitaran visitar Sinaloa por la situación de “delincuencia violenta extendida”.
En los días siguientes se multiplicaron los reportes de despojo de vehículos y bloqueos de carreteras por parte de hombres armados, difundidos a través de redes sociales, que eran desestimados por las autoridades estatales.
Sin embargo, el 29 de agosto la población denunció bloqueos, enfrentamientos y vehículos incendiados en la localidad de Jesús María, en las afueras de Culiacán. Esa vez, autoridades estatales confirmaron que grupos armados atacaron a un contingente militar.
Extraoficialmente se manejó que las fuerzas federales buscaban a Jorge Humberto Figueroa, El 27 o El Perris, jefe de sicarios de Los Chapitos, quien fue señalado como uno de los que participó en el traslado de El Mayo a Estados Unidos. El Perris murió meses después, el 23 de mayo, durante un enfrentamiento con el Ejército en Navolato.
El lunes 2 de septiembre, en conferencia de prensa, el gobernador Rubén Rocha Moya acusó a los medios de exagerar lo que sucedió.
Comentó que después de “los acontecimientos de julio pasado” —en referencia a la detención de El Mayo en Estados Unidos—, no se habían reportado consecuencias de violencia.
En esa ocasión mencionó que las estadísticas de los homicidios dolosos de agosto cerraron en 45 casos, cinco menos a los que se tuvieron el mismo mes de 2023.
Sin embargo, continuaban las versiones sobre enfrentamientos y presencia de hombres armados, así como de movilización de fuerzas federales.
Habitantes de las comunidades cercanas a San José del Llano, en la sierra de Badiraguato, reportaron el 4 de septiembre la presencia de helicópteros y varias camionetas con elementos de la Marina, que las autoridades estatales señalaron como “acciones de rutina”.
Un día después las autoridades reconocieron enfrentamientos armados entre grupos rivales en esa región, que habrían dejado dos personas muertas.
La “guerra civil”
El lunes 9 de septiembre amaneció con enfrentamientos entre grupos rivales y entre grupos armados contra elementos del Ejército en varios puntos de Culiacán, lo que obligó la suspensión de clases, de rutas de transporte público y el cierre de comercios.
El saldo de ese primer día fue de un hombre muerto, cuatro heridos —entre ellos dos militares— y 12 vehículos despojados de forma violenta a sus dueños.
A partir de ese día quedó declarada, de manera abierta, la guerra entre La Chapiza y Los Mayos, con balaceras en la calle y a plena luz del día, bloqueos carreteros con camiones incendiados y reportes diarios de muertos, vehículos despojados y, sobre todo, decenas de desaparecidos.
La violencia se apoderó de las calles, con cuerpos abandonados con sombreros (en referencia al grupo de Los Mayos) o cajas de pizza (en referencia a La Chapiza).
Durante meses las clases fueron virtuales, los comercios cerraron y la vida nocturna desapareció.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, septiembre de 2024 cerró con 142 personas asesinadas; octubre alcanzó las 182; noviembre contabilizó 175; en diciembre bajaron a 156; enero de 2025 registró 138; febrero, 119; marzo, 135; abril, 119, y mayo cerró con 165.
Junio de 2025 fue el mes más violento para Sinaloa en 10 años, con 219 asesinatos. Tan sólo el 30 de junio cerró con 30 homicidios para convertirse en el día más sangriento desde la detención de El Mayo.
La madrugada del día último de junio, una llamada anónima a los servicios de seguridad notificó que en el puente que cruza al Seminario, en la carretera México-Nogales, en la salida norte de Culiacán, había cuatro personas colgadas de las piernas con las cabezas cercenadas.
Los elementos de la policía estatal, el Ejército y la Guardia Nacional encontraron en el lugar una camioneta blanca, con las puertas abiertas y una manta con un mensaje dirigido a Iván Archivaldo. En su interior se descubrieron otros 16 cuerpos.
El balance
Del 9 de septiembre al 23 de junio, en Sinaloa han sido asesinadas mil 671 personas; mil 754 tienen reporte de desaparecidas y 6 mil 079 vehículos han sido robados. Al menos 44 policías municipales, estatales y de investigación han sido asesinados. Además 20 militares han muerto en operativos de seguridad en la entidad en este periodo.
De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, del 1 de octubre de 2024 al 16 de julio de 2025 las fuerzas federales y estatales detuvieron en Sinaloa a casi mil 500 personas, se aseguraron más de 3 mil armas de fuego y 53 toneladas de droga, incluyendo más de una tonelada y un millón de pastillas de fentanilo, aunado a ello se desmantelaron 91 laboratorios para la producción de metanfetaminas.
Asimismo, reconoció que Iván Archivaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Ismael Zambada Sicairos son objetivos prioritarios, por su actividad delictiva, para el gobierno federal. Con información de Javier Cabrera
