Cuestión de soberanía
El día 19 de abril ocurrió la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos que perdieron la vida en un accidente, luego de que la unidad en la que viajaban se desbarranco y se incendió en el municipio de Morelos, Chihuahua.
Ellos eran Richard Latel Johnson y John Duty Black, quienes ya llevaban por lo menos tres meses operando en Chihuahua. En el incidente también perdieron la vida el comandante Pedro Roman Oseguera Cervantes (de apellidos similares al fallecido líder del CJNG Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”) y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes ambos agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
Según informe del Fiscal de Chihuahua los agentes estadounidenses se encontraban haciendo labores de capacitación y entrenamiento con drones como resultado de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. Hecho que desmintió el diario The Washington Post, quien informó que los agentes eran miembros de la CIA y trabajaban de manera conjunta con fuerzas federales en el desmantelamiento de laboratorios clandestinos para producir fentanilo en la sierra Tarahumara, del estado de Chihuahua.
Según autoridades mexicanas era una red de seis laboratorios distribuidos en un área de 850 metros cuadrados con una capacidad de producción de 2.8 toneladas de metanfetaminas. El golpe económico al crimen organizado se calcula en mil millones de pesos.
Al respecto, la presidenta de México Claudia Sheinbaum comentó que la federación no fue informada sobre este trabajo entre el gobierno de Chihuahua y la embajada norteamericana. No obstante, los agentes de la CIA venían trabajando sobre el asunto meses atrás.
La gobernadora panista del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván ha sido duramente criticada por tomar atribuciones que solo competen al Senado de la Republica y al presidente en turno.
Ahora se sabe que la CIA y otras agencias extranjeras como la DEA, FBI, CBP y HSI operan en Chihuahua en un edificio denominado Torre Centinela en Ciudad Juárez, sede de la Secretaria de Seguridad Publica. Desde el piso 18 agentes extranjeros operan en tareas de inteligencia en territorio mexicano, sin la anuencia del gobierno federal.
Según artículo publicado por el prestigiado periodista R. Riva Palacio el primer antecedente de haber extralimitado sus funciones como gobernadora se dio durante el gobierno de AMLO cuando firmó un memorándum de entendimiento con el Gobernador de Texas Greg Abbot en abril de 2022 para reducir el tráfico de fentanilo e implementar un programa de capacitación a las fuerzas de seguridad para el uso de drones en la frontera, lo que motivo la entrada de agentes de la CIA en Chihuahua.
La conclusión del periodista es si es verdad que la presidenta no estaba enterada, entonces el gobierno norteamericano a través de la CIA está operando en México violando los acuerdos de cooperación bilateral entre los dos países.
Son muchas las voces que piden la destitución y juicio político a la gobernadora panista de Chihuahua por su intromisión en asuntos de política exterior que solo competen al gobierno federal. En la misma situación está el Fiscal General del Estado Cesar Jáuregui Moreno por encubrir los actos antipatrióticos de la gobernadora, así como la expulsión del embajador estadounidense Ronald Jhonson, él mismo exagente de la CIA.
En resumidas cuentas, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos sí incurrió en violación a las leyes constitucionales de acuerdo a la reforma al artículo 40 de la Constitución Política aprobada por el senado en 2020 el cual prohíbe “cualquier intervención e injerencia extranjera que lesione la integridad, independencia y soberanía de México a través del aire, tierra o mar”, así como violación a la ley de Seguridad Nacional.
Como mexicanos sabemos que México se rige por el sistema federal el cual está conformado por 31 estados libres y soberanos y la Ciudad de México, sede del poder ejecutivo, representado por el presidente de la república; además del poder legislativo y judicial que sirven de contrapeso al poder ejecutivo. Chihuahua no es un feudo, sino un estado soberano.
No vivimos en tiempos del porfiriato cuando Luis Terrazas era dueño de prácticamente todo el estado de Chihuahua. Debemos aprehender de los errores del pasado la ocupación de Texas por ciudadanos norteamericanos y luego la decisión de unirse a los Estado Unidos fue motivo de una guerra injusta en 1847 donde Mexico perdió más de la mitad de su territorio.
Una decisión arbitraria como la de la gobernadora de Chihuahua solo lesiona la soberanía nacional y perjudica la integridad territorial del país. Es un acto de traición a la patria que debe ser duramente sancionado.
