¿Censura o defensa de la libertad?: Los riesgos y vacíos de la propuesta de Monreal para regular redes sociales
Morena aterrizó en una iniciativa de ley su intención de regular en México la operación de redes sociales como Facebook y Twitter, las mismas que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró “benditas” en el pasado, y a las que luego reclamó por suspender la cuenta de Donald Trump cuando todavía como mandatario incitó a la violencia en el Capitolio, acusándolas de censura.
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, por fin develó su propuesta de ley, luego de días en los que dio atisbos de ella, en entrevistas y textos en la prensa. Lo hizo a cuatro meses de las elecciones intermedias, y un par de semanas después de que Twitter diera de baja cuentas de usuarios a favor del presidente, supuestamente “por violar las reglas de spam y manipulación de la plataforma”.
Monreal asegura que no hay un intento de controlar las redes con una iniciativa que plantea, entre otras cosas, la posible suspensión de cuentas por mensajes que perturben “el orden público” o ataque a “la moral”, sino que justo se busca defender la libertad de expresión.
“La única forma correcta de proteger el derecho humano de libertad de expresión en el ciberespacio, es la vía legislativa”, señaló.
Sin embargo, en las mismas redes sociales que pretende regular comenzaron a leerse de inmediato críticas de expertos respecto a que la iniciativa es arbitraria, apresurada y una amenaza de censura, que surge desde el brazo legislativo del movimiento de López Obrador.
Y además que surge al vapor, sin un debate amplio, que involucrara a organizaciones de la sociedad civil y en general a voces defensoras de la libertad de expresión, según señalaron especialistas.
“El art. 175 Quáter es el más peligroso. Es un mecanismo de censura encubierta mediante el cual el Estado le exige a sitios en Internet censurar expresiones en línea bajo conceptos vagos como ‘noticias falsas’, ‘mensajes de odio’ y que ‘se protejan los datos personales’”, alertó Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
“El proyecto de ley tendría claras implicaciones y riesgos significativos en la libertad de expresión, acceso a la información y procuración de justicia opuestos a los buscados”, acusó en tanto la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), en un comunicado.
¿Qué propone Monreal?
La iniciativa de Monreal parte de la crítica de que las empresas privadas que son dueñas de las redes sociales -la mayoría de ellas con sus oficinas centrales en Estados Unidos- ejercen su “poder” y “se auto imputan” la facultad de suspender cuentas o eliminar contenidos, cuando consideran que ciertos usuarios violan las reglas que ellos mismos establecen.
“Los más poderosos del mundo son los dueños de Facebook y Twitter”, acusó en una entrevista con el diario El País, por lo que en su iniciativa plantea estos puntos clave:
— Que el Legislativo ponga límite a ese “poder”, estableciendo una regulación para que no sean privados sino el Estado el que fije los criterios con que las redes sociales pueden suspender cuentas o borrar contenido, sin que se vulnere el derecho humano a la libertad de expresión.
— Que cada red social que sea “relevante”, con al menos un millón de usuarios, tenga que pedirle al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorización para operar en México, poniendo a su consideración sus “términos y condiciones”.
(Pone al autónomo IFT como el principal árbitro en la regulación de las redes, el mismo Instituto que el propio Monreal propuso desaparecer el año pasado).
— Los términos y condiciones de las redes, según la propuesta, deberán establecer que la suspensión de cuentas o perfiles, la eliminación de contenidos, la cancelación de cuentas o perfiles, serán procedentes “únicamente” por las siguientes causas:
1.- Se acredite que, en términos de los artículos 6º y 7º constitucionales, el mensaje o contenido difundidos, incluidas las noticias falsas, atacan la moral y el orden público, la vida privada y los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.
2.- Se acredite la afectación a los derechos de las y los menores de edad.
3.- Se acredite la difusión de mensajes de odio.
4.- Se revelen datos personales en violación a lo dispuesto por las leyes de la materia.
— La iniciativa también establece la obligación de las redes sociales de “incluir un mecanismo expedito para recibir impugnaciones de los usuarios en contra de la suspensión de cuentas o perfiles, la eliminación de contenidos o la cancelación definitiva de cuentas o perfiles”.
— Los reclamos por eliminaciones de cuentas o contenidos deberán obtener una respuesta de las redes en 24 horas, dice la propuesta legislativa.
Si no se da en ese plazo, se establece que los usuarios puedan acudir al IFT, para interponer una queja. “El Instituto la analizará y en caso de considerarlo pertinente, ordenará” a la red social que levante la suspensión de la cuenta, o que vuelva a publicar el contenido que fue eliminado.
— Las redes autorizadas, se detalla, “deberán contar con un área especializada en temas relacionados con libertad de expresión y derechos humanos”.
— Además de la intervención del IFT, “por lo que se refiere al uso de redes sociales por sujetos obligados en materia político electoral se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación aplicable, y corresponderá su regulación al Instituto Nacional Electoral”.
— ¿Y qué pasa si el IFT considera que las empresas de redes violan la legislación y concluye que están violando la libertad de expresión? La iniciativa plantea multas de hasta 1,000,000 (un millón) de UMAs, 89 millones 620 mil pesos, según el cálculo del diario El Financiero.
La crítica a la iniciativa
Especialistas consultadas y organizaciones coinciden en que si bien sí puede avanzarse en regulación y aspectos como mejorar la transparencia con que actúan las empresas dominantes de redes sociales, esta iniciativa se hizo “al vapor”, sin una discusión amplia que incluyera a la sociedad civil u organizaciones activistas, y que sobre todo en su planteamiento pone en riesgo la libertad de expresión, en lugar de preservarla.
“Sí puede haber espacios para la regulación, y para la intervención pública, pero no estoy de acuerdo con lo que ha elegido el senador Monreal, me parece que hay un apresuramiento tremendo”, dijo en entrevista la excomisionada del IFT y directora general del Centro i, para la sociedad del futuro, Elena Estavillo.
Ella señala que en la iniciativa no hay una mención específica sobre las cuentas automatizadas o ‘bots’ -cuentas contratadas que en redes sociales se dedican a mandar mensajes para ‘inflar’ ciertas ideas, o atacar o ensalzar a ciertos personajes de forma masiva-, ni sobre casos de posible manipulación de la plataforma, lo que hablaría de que en el fondo la propuesta puede ser un intento de proteger esas prácticas, de cara a las elecciones de junio.
Por lo que refiere, la iniciativa podría ser un intento de autoprotección de la clase política, en este caso por la vía legislativa, para evitar que las redes sociales les impongan sus reglas y bajen contenidos o cuentas, como pasó en Estados Unidos, con Donald Trump.
“Hoy con el pretexto de proteger a los usuarios de la censura privada, se están promoviendo iniciativas que facultan o fomentan la censura estatal”, refirió el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, en un foro con Expansión.
La propuesta “no pareciera tener como objetivo final la protección al usuario” y “hay un afán de control por parte del Estado”, coincidió en este sentido Irene Levy, presidenta de la organización Observatel, en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, en el Heraldo Radio.
Luis Fernando García, de R3D, consideró de entrada inconstitucional y un mecanismo de censura que en la iniciativa se proponga que si eres un sitio con más de un millón de usuarios tengas que pedirle permiso al IFT.
“El requisito de obtener una autorización del IFT es innecesario, ningún país democrático le exige a un servicio en internet que solicite autorización de una autoridad estatal para poder existir en internet, eso claramente es una medida de censura previa, violatoria de la constitución”, comentó en entrevista.
También criticó desde un inicio que las causales que plantea la iniciativa para que sí puedan bajarse cuentas o borrar mensajes, y que las redes sociales deberían incluir en sus términos de servicio para poder operar en México, incluyan conceptos vagos o imprecisos, como el de evitar “mensajes de odio”, “noticias falsas” y que ‘se protejan los datos personales’”, lo que podría representar un mecanismo de censura encubierta.
Al ser conceptos “vagos”, existiría el riesgo de que haya decisiones arbitrarias, sobre cancelación o permanencia de ciertas cuentas o mensajes.
“Lo de la moral y el orden público, incluso me parece del siglo antepasado, en el pasado se han utilizado estos conceptos de una manera muy discrecional, no son objetivos, dependen mucho de los criterios de quienes los aplican”, mencionó al respecto Estavillo, sobre una de las causales establecidas en la reforma, para la eliminación de cuentas o mensajes.
Una crítica más es que la propuesta de ley es deficiente al establecer que sitios o plataformas de redes sociales serían sujetos de regulación. Con lo que establece, según comentó en un tuit Luis Fernando García, no solo serían regulados Facebook y Twitter, sino también podrían serlo Reddit, Wikipedia, 4chan, Onlyfans, Telegram. Además, no se precisa por qué se estableció la cifra de 1 millón de usuarios, para considerar una red social relevante, y sujeto de regulación. Ni si esos usuarios son en México, o en el mundo.
“Bajo la definición de redes sociales de la iniciativa prácticamente todos los servicios que se ofrecen en la capa de Internet están sujetos a ser controlados por un organismo público. Por lo tanto, de aprobarse, se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red, al tratar con un carácter nacional un fenómeno global y trans jurisdiccional, al mismo tiempo que desincentiva la innovación al imponer barreras de entrada”, apuntó en ese sentido la Asociación Latinoamericana de Internet.
Levy, de Observatel, también refirió el riesgo de que con los mecanismos que plantea la iniciativa el IFT pueda tener acceso a los datos personales de los usuarios de redes sociales, además de cuestionar que dicho Instituto es un órgano “eminentemente técnico”, que no es experto en derechos humanos y en vigilar que se preserve la libertad de expresión.
Sobre esto último, Estavillo opinó distinto, mencionando que el IFT sí tiene entre sus funciones tutelar o procurar el derecho a la información, aunque en un debate como el de regular las redes sociales, según dijo, también podría participar el INAI, al estar involucrados temas de transparencia y de protección de datos personales.
Otra deficiencia que señaló Estavillo, en la iniciativa, es que no se detalle exactamente cómo intervendría el INE para atender la regulación de “sujetos obligados en materia político electoral”, en las redes sociales.
Animal Político solicitó una entrevista con Ricardo Monreal, para hablar sobre su iniciativa, pero hasta el mediodía de este 9 de febrero no hubo respuesta positiva.
En medio de la polémica que causó este intento de regular las redes, se conoció además que este jueves se discutirá una reforma constitucional en materia de ciberseguridad, que el investigador Raúl Trejo Delarbre y Luis Fernando García consideraron innecesaria.
Es una reforma constitucional innecesaria y dados los precedentes si da temor lo que pretendan hacer en legislación secundaria.
Ojalá se den la oportunidad de escuchar a sociedad civil para evitar ocurrencias. https://t.co/Gqm8bS8qeM
— Luis Fernando García (@tumbolian) February 9, 2021
¿Qué es lo que sí se debería regular?
“Sería mucho más viable y menos problemático, desde el punto de vista legal y constitucional, que se les impusieran obligaciones a las plataformas dominantes de ser más transparentes”, opinó el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Más transparentes, detalló, en el sentido de que las empresas dominantes de redes sociales, como Facebook y Twitter, notifiquen a los usuarios sobre las decisiones de suspender sus cuentas o bajar mensajes, y tengan procedimientos de apelación adecuados, además de regular y fomentar la competencia, si se observa que ciertas plataformas “han amasado” demasiado poder.
“Pero decirles a las compañías qué pueden censurar y qué no, bajo una lista arbitraria, vaga, e imprecisa de conceptos, genera muchos más problemas que soluciones”.
Si bien la propuesta contempla la obligación de proveer mecanismos de apelación, refirió la organización R3D, “no los desarrolla de manera suficiente. Asimismo, la iniciativa no propone ningún tipo de reforma a la ley de protección de datos personales ni ofrece protección alguna a las personas usuarias de plataformas dominantes frente a la explotación masiva de datos personales”.
Un debate internacional
Luego de que Twitter y Facebook suspendieran las cuentas de Donald Trump, al considerar que sus mensajes incitaban al odio y a más protestas violentas en Estados Unidos, se abrió de nuevo el debate sobre las redes sociales, la libertad de expresión y los discursos de líderes políticos.
La canciller alemana Angela Merkel, por medio de su portavoz, consideró “problemático” que fuera Twitter quien decidiera silenciar la cuenta de Trump, aunque haya infringido las reglas de la red social.
“Este derecho fundamental puede ser intervenido, pero de acuerdo con la ley y dentro del marco definido por los legisladores, no de acuerdo con una decisión de la administración de las plataformas de redes sociales”, dijo el portavoz de Merkel, Steffen Seibert, según AP.
“Visto desde este ángulo, la canciller considera problemático que las cuentas del presidente de Estados Unidos ahora hayan sido bloqueadas permanentemente”.
Sobre este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) indicaron que uno de los retos “inevitables” es detectar participativamente consensos que contribuyan a establecer criterios claros -conforme a derechos humanos- para que la moderación de contenidos en Internet esté acorde “a las aspiraciones de democracias abiertas, con pluralidad de voces, medios, plataformas y oportunidades”.
Para ello, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión trazaría una ruta de diálogo interamericano, con Estados, sociedad civil, reguladores y plataformas de tecnología.
