Pedirá López Obrador al Ejército entregar información sobre el caso Ayotzinapa
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió este miércoles con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela de Ayotzinapa, a casi cinco años de la tragedia, a que el Ejército revele toda la información disponible del caso, una exigencia de los familiares.
Tras una reunión extraordinaria el mandatario pactó reunirse cada dos meses con los padres a fin de dar un seguimiento continuo al caso, cuya lentitud persiste a más de nueve meses de que el nuevo Gobierno entrase en funciones y cada vez pesa más a los familiares.
En conferencia de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, expuso que durante la reunión extraordinaria se insistió en «que las Fuerzas Armadas entreguen toda la información con que cuentan para que la Fiscalía General de República (FGR) dé un seguimiento mucho más ágil y estrecho sobre la investigación y los hechos penales».
«Hemos llegado a un punto en que, si no se procede penalmente contra los que obstaculizan la investigación, no se romperán los pactos de impunidad que hoy impiden descubrir el paradero de los estudiantes», aseguró.
El abogado Vidulfo Rosales explicó a su vez que la reunión esta vez no fue «acartonada ni muy formal, sino que permitió el libre intercambio de preguntas y respuestas».
Los padres comunicaron a López Obrador que «a casi diez meses de su gobierno no se ve mucha claridad en cuanto a avances concretos» y no hay «indicios del paradero» de los desaparecidos.
La clave parece estar en indagar en la información del Ejército, con el que se han mantenido en lo que va de año dos reuniones y se hicieron más de 100 preguntas vinculadas al caso.
Sin embargo, de acuerdo con Rosales, hasta ahora «se ha brindado información que ya existe en el expediente».
«No hay información que pueda dar una respuesta puntual a los cuestionamientos que se hicieron», aseguró.
«Esperamos que el presidente ejerza su función de comandante supremo y que las fuerzas armadas entreguen toda la información que tengan», dijo a su vez Aguirre.
Hasta el momento, el Gobierno de López Obrador ha realizado 10 operativos de búsqueda, muchos de los cuales han sido en el estado de Guerrero.
La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero.
En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial.
Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
La semana pasada, las autoridades liberaron a Gildardo López Astudillo «El Gil», uno de los principales acusados del caso, con lo que suman ya 44 los implicados liberados por cargos sustentados en lo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) defendió como la verdad histórica.
Algunos padres de los 43 desaparecidos comparecieron en la conferencia de prensa de este miércoles y todos destacaron que la lentitud empieza a hacer mella en ellos.
Al iniciar mandato López Obrador el 1 de diciembre de 2018 se esperaba que la resolución fuese rápida. Pero no ha sido así. Según dijo una de las madres, Hilda Legideño, para ellos «es muy preocupante» que no se tengan respuestas a la fecha.
«La Fiscalía ha retardado un poco el proceso, se tardó en nombrar al fiscal, pero esperamos que con esta reunión que hemos tenido con el presidente se avance más rápido en las investigaciones», apuntó.
Otro padre, Emiliano Navarrete, dijo con la voz entrecortada que «desgraciadamente las cosas han sido muy lentas» y que «la herida sigue abierta, sigue doliendo».
«Desgraciadamente es un proceso muy lento, para cimentar una base sólida, para buscar algo que es saber la verdad, dónde están nuestros hijos a pesar de que sabemos con nombres y apellidos cuáles son los responsables de la desaparición», expuso.
Sobre la identidad de los responsables, el abogado Rosales dijo que se trata de información confidencial por el momento.
Por su parte, López Obrador indicó tras la reunión en su cuenta de Twitter que el Gobierno reafirma su compromiso «de encontrarlos (a los estudiantes) lo más pronto posible».
«Estamos aplicándonos a fondo. Es un asunto entrañable, de justicia y humanismo», tuiteó.
