La incertidumbre que enfrenta la producción de maíz, trigo y frijol en México podría ocasionar una reducción drástica de la superficie de siembra y agravar las condiciones laborales de quienes dependen del campo. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) alertó que este escenario amenaza tanto la soberanía alimentaria del país como el empleo y los ingresos de millones de jornaleros.
Álvaro López Ríos, secretario general de la organización, atribuyó esta situación a: Elevados costos de producción, Caída de los precios pagados a los productores, Revisiones comerciales relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Entrada de granos extranjeros subsidiados.
De acuerdo con las proyecciones citadas por la UNTA, la superficie sembrada durante los ciclos primavera-verano y otoño-invierno podría reducirse hasta 35 por ciento. Esto representaría alrededor de 2.3 millones de hectáreas menos destinadas al establecimiento de cultivos. “Al sembrarse menos maíz, trigo y frijol, se requiere menos mano de obra, lo que genera desempleo, subempleo y recorta los ingresos de los jornaleros temporales”, señaló López Ríos.
Menos cultivos significan menos empleos en el campo. La reducción de las áreas de cultivo tiene un efecto directo sobre las contrataciones temporales. Si los productores disminuyen la superficie destinada a los granos básicos, también necesitan menos personas para preparar la tierra, sembrar, cuidar las parcelas y levantar las cosechas.
La UNTA advirtió que la crisis financiera de los agricultores nacionales, provocada en parte por la competencia desigual con productos importados, reduce sus márgenes de ganancia. Ante la falta de rentabilidad, algunos empleadores limitan los salarios, disminuyen las prestaciones o prescinden de trabajadores eventuales.
Los estados con mayor cantidad de trabajadores agrícolas son Chiapas, Veracruz y Oaxaca. En contraste, entidades como Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Baja California concentran una mayor demanda de mano de obra para la agricultura comercial y ofrecen mejores salarios promedio, según la organización. No obstante, incluso en las regiones con agricultura tecnificada persisten la informalidad y la falta de seguridad social.
La zona de San Quintín, en Baja California, concentra a más de 47 mil jornaleras y jornaleros agrícolas. El último Censo Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabilizó en Baja California 103 mil 842 puestos de trabajo eventuales y cerca de 11 mil 799 trabajadores permanentes. Más del 94% de los trabajadores eventuales no tendría seguridad social.
En México existen aproximadamente entre 2.3 y 3 millones de jornaleras y jornaleros agrícolas, también identificados como trabajadores eventuales del campo. Sin embargo, estimaciones atribuidas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que más del 94% no se encuentra inscrito en el Seguro Social.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) estableció para 2026 un salario mínimo de 356.16 pesos diarios para jornaleros agrícolas y trabajadores del campo en la mayor parte del territorio nacional. En los municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto asciende a 440.87 pesos diarios. A pesar de estos niveles salariales, la UNTA sostuvo que existe un rezago histórico en los ingresos y prestaciones del sector.
Un trabajador eventual formal afiliado al IMSS percibe, en promedio, alrededor de 356 pesos diarios, pero una parte considerable de la población jornalera permanece en la informalidad. Esta condición incrementa su vulnerabilidad ante una caída en las contrataciones, pues carece de mecanismos de protección frente al desempleo y, en muchos casos, tampoco tiene acceso a servicios médicos, pensiones o prestaciones laborales.
UNTA pide seguro de desempleo y revisar los granos básicos en el T-MEC. Frente a este panorama, López Ríos pidió al Gobierno de México crear un programa de empleo temporal para el sector rural y otorgar un seguro de desempleo a los jornaleros agrícolas afectados por la reducción de las siembras. También planteó revisar la posibilidad de excluir los granos básicos del T-MEC, evaluar la competencia desleal y analizar las prácticas de dumping que, según la organización, favorecen la entrada de producción estadounidense en condiciones perjudiciales para los agricultores mexicanos.
La UNTA advirtió que, si no se aplican medidas para proteger la producción y el empleo rural, podrían aumentar la migración hacia las ciudades, la pobreza y el riesgo de que trabajadores sin oportunidades sean captados por circuitos delictivos. Para la organización, la caída de la superficie destinada al maíz, trigo y frijol no constituye únicamente un problema productivo. También representa una amenaza para el abastecimiento nacional, la autosuficiencia alimentaria y la estabilidad de millones de familias que dependen directa o indirectamente del campo mexicano.
