Universidad Autónoma de Hidalgo acusa persecución de la UIF por nuevo congelamiento de cuentas

Universidad Autónoma de Hidalgo acusa persecución de la UIF por nuevo congelamiento de cuentas

En una carta enviada al presidente, la UAEH pide la destitución del titular de la UIF, Santiago Nieto, e inicio de procedimientos penales en su contra, por el bloqueo de seis cuentas a la institución.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) pidió, a través de una carta abierta a autoridades federales, pidió la destitución de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, e inicio de procedimientos penales en su contra y del Banco HSBC, por el bloqueo “injustificado” de seis cuentas de la casa de estudios.

El rector de la UAEH, Adolfo Pontigo, acusó una persecución de la UIF, luego de que congelara otras seis cuentas de la institución.

En entrevista con Reforma, el rector dijo que “pareciera que estamos siendo perseguidos bajo alguna circunstancia particular por alguien en relación a este tema. Entiendo y respeto el trabajo que hace un organismo en encontrar la comisión de un delito, pero si este no está, simplemente tiene que actuar en consecuencia”.

“No existe ningún indicio de lavado de dinero”

De acuerdo con la UAEH, el pasado 15 de mayo los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito emitieron una sentencia que ordenó la inmediata liberación de seis cuentas bancarias de la Universidad, misma que incumplieron la UIF y el Banco HSBC.

En la misiva enviada al presidente López Obrador, la institución señaló que la negativa a levantar la orden de bloqueo de las cuentas bancarias “constituye un desacato a una orden judicial definitiva que con toda contingencia determinó que no existe ningún indicio de lavado de dinero o de vínculo con organización criminal alguna”.

“Hasta el día de hoy y después de más de un año, la UIF no pudo justificar legalmente el bloqueo de las cuentas”, indicó.

La institución acusó que el bloqueo de las cuentas afectó el interés social de su comunidad y violó el derecho de más de 7 mil 500 trabajadores activos y jubilados para recibir su salario y prestaciones.

“La Universidad no tiene que demostrar su inocencia. A pesar de ello, las instancias judiciales federales nos han dado la razón, pues el origen de los recursos de sus diversas cuentas es el resultado de más de 30 años de trabajo y ahorro constante de su personal académico y administrativo, así como de los subsidios que recibe”.

Por ello, pidió al presidente que se respete el Estado de Derecho para evitar “un daño irreversible a la educación pública no solo de los hidalguenses, sino de todo el país”.

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