Obtiene Tula certificación por avances sustantivos en mejora regulatoria
La Mejora regulatoria facilita los trámites para la instalación de negocios y empresas en el municipio
El municipio de Tula obtuvo la certificación Proreforma (Programa de Reforma a Sectores Prioritarios), otorgada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), por el avance institucional del ayuntamiento y la administración pública municipal en materia de Mejora Regulatoria enfocada a sectores estratégicos de la economía mexicana; y en específico al sector de las telecomunicaciones al contar con el Reglamento por el que se establecen los Trámites para el Despliegue, Uso, Mantenimiento y Reparación de Infraestructura de Telecomunicaciones.
El certificado es al marco jurídico aplicable al sector Infraestructura Pasiva en Telecomunicaciones del municipio de Tula, a través del Proreforma, con lo que se certifica que el reglamento mencionado que fue publicado el 21 de enero de 2019, “cumple con los estándares mínimos de mejora regulatoria para promover el desarrollo y bienestar económico, mejorar el ambiente para hacer negocios, y facilitar el establecimiento y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas”.
En evento desarrollado en el estado de Morelos, con la presencia del comisionado nacional César Emiliano Hernández Ochoa de la Conamer, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía; y el secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, Sergio Vargas Téllez; el subdirector de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Catastro, Hugo Jaime Cortés Oliva, recibió el certificado a nombre del municipio.
La certificación tiene una vigencia de dos años de noviembre de 2019 a noviembre de 2021 a cumplir con los lineamientos del Programa de Reforma a Sectores Prioritarios (Proreforma), que con fundamento en la ley general de Mejora Regulatoria y en el Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta última establece que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la Ley General de Mejora Regulatoria.
