Se complica la situación jurídica del Alcalde de Tlaxcoapan; podría ser vinculado a proceso
No llegó a un acuerdo reparatorio con los 14 comerciantes del mercado que lo denunciaron por fraude y ahora también por el delito de negociaciones indebidas. *Podría obtener hasta 6 años de cárcel
El presidente municipal de Tlaxcoapan no logro concretar un convenio con los 14 comerciantes del mercado que lo denunciaron por fraude y ahora se enfrenta a una audiencia inicial que pudiera concretarse con la vinculación a proceso y ahora además la defensa de las victima señaló que sea también considerado dentro de esta investigación el delito de negociaciones indebidas.
A Jovani Miguel León Cruz, presidente municipal de Tlaxcoapan y Rocio A. H., directora de Desarrollo Económico del Municipio dentro de una audiencia inicial realizada el martes por la mañana les fue formulada la vinculación a proceso.
El juez de control de los Juzgados Penales de Control, de Juicio Oral y Persecución de Tula dictará este 2 de marzo a las 8:00 de la mañana dentro de una continuación de audiencia la resolución sobre la vinculación a proceso, esto luego de que los imputados no llegaron a ningún acuerdo sobre la reparación integral del daño.
Dentro de esta audiencia el ministerio público detallo los datos necesarios en donde expuso que la directora de Desarrollo Económico solicito a las 14 víctimas 65 mil pesos para ingresar a un programa de mercados de la central de bastos para la remodelación y algunos otros beneficios que estarían adquiriendo con este proyecto que es por parte del Instituto Nacional de Emprendedores (Inadem) en el cual nunca fueron parte las víctimas.
NO HUBO ACUERDOS
En su momento se les aseguro que en el programa participaría para la obtención del recurso el gobierno federal, municipal y ellos como beneficiarios.
Posteriormente y al paso de los días se les informo que solo sería entre gobierno federal y beneficiarios.
Estos cambios y algunas otras situaciones que se fueron presentado como el hecho de que se depositara a una cuenta de banco a nombre del municipio y la insistencia de que aceptaran el financiamiento de una aseguradora que les “recomendó” la directora de Desarrollo Económico les llevo pensar a las víctimas que había un trasfondo, por lo que una vez que supieron que ellos no estaban dentro de la lista de los beneficiados decidieron enfrentar a los hoy denunciados para que les regresaran su dinero, situación que no sucedió, pues los funcionarios, principalmente el presidente adopto una actitud de molestia, por lo que después de eso pidieron el apoyo del gobernador del estado Omar Fayad Meneses y tras un convenio que no cumplieron los imputados se dio inicio a la carpeta de investigación por el delito de fraude, ya que las víctimas en su mayoría les entregaron 65 mil pesos cada uno, más 1 mil 300 en su mayoría por el paso de apertura de financiamiento al mercado.
Informando que las víctimas eran locatarios del mercado y tenían un contrato de arrendamiento con fecha 31 de marzo 2016 al 31 de marzo del 2021 y ahora se encuentran fuera también de este beneficio, asegurándose en audiencia que el Ayuntamiento dentro de una sesión extraordinaria de cabildo aprobó a los beneficiados junto con otros más, pues en total se formó una lista de 92 locatarios.
Por lo tanto, las victimas aseguraron que en su momento no desconfiaron de sus funcionarios quienes actuaron bajo el cobijo de su cargo que tienen en el municipio de Tlaxcoapan.
DELITO DE NEGOCIACIONES INDEBIDAS
Ante esto la defensa de las victimas pidió al juez que se considerara además del delito de fraude el delito de negociaciones indebidas.
Jovani Miguel y Rocio A.H. como medida cautelar solo deberán cumplir su compromiso que hicieron antes el juez de presentarse a todos los llamados que les haga esta autoridad además de que en caso de cambiar de domicilio estarán obligados a informarlo pues de lo contrario se tomaría como desacato y pretender evadir la acción de la justicia.
Cabe mencionar que previo a que se diera inicio a la audiencia inicial anteriormente ambas partes se reunieron al menos unas cinco veces para tratar de llegar a un convenio sin que este se concretara al 100 por ciento porque dentro de estos diálogos los imputados si entregaron un porcentaje de dinero por la reparación del daño y no así su totalidad.
El ministerio publico finalmente puntualizo que de llegar a lograrse una sentencia contra los imputados estos podrían cumplir una pena de 6 años la cual sería la máxima.
