Violencia de grupos criminales en el campo provoca el despojo de tierras y la migración
Con motivo del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió 20 iniciativas de la Ley al Congreso de la Unión para su estudio, aprobación o cancelación.
A estas iniciativas de Ley su suman 18 reformas constitucionales que ya había enviado al Congreso durante los primeros años de su mandato. Anterior al sexenio de AMLO la Constitución se ha modificado 707 veces, mediante 233 decretos, lo que hizo que pasara de tener 21,382 palabras en 1917 a 111, 783 palabras en octubre de 2018.
De las 20 iniciativas de ley, la numero 14 se refiere a “mejorar las condiciones de los campesinos a través de un jornal justo y permanente, como una extensión del Programa Sembrando Vida”.
No está mal que los campesinos reciban un salario del Estado, pero actualmente el mayor problema es la inseguridad en el campo y comunidades indígenas; la violencia que ejercen los grupos criminales ha permeado muy hondo el campo mexicano. Comunidades enteras están abandonando el campo ante las extorsiones de que son víctimas por parte de grupos criminales que exigen derecho de piso por el cultivo de sus productos.
El grupo más golpeado han sido los fruticultores de limón y aguacate que esta considerado el oro verde de los cultivos. Cada vez más el crimen organizado invade tierras antes destinadas a la siembra de cultivos tradicionales (maíz y frijol) para sembrar enervantes como amapola y mariguana sobre todo en la región de la montaña de Guerrero y tierra caliente de Michoacán.
Durante el porfiriato quienes acaparaban las mejores tierras eran los latifundistas y extranjeros, ahora son los carteles de la droga. Los que no invaden tierras ejercen la piratería en las carreteras asaltando a los transportistas de productos agrícolas llevándose el fruto del trabajo agotador de los campesinos.
El estallido del movimiento armado de 1910 fue precisamente por el acaparamiento de tierras y la injusticia social en que vivían millones de mexicanos frente a una pequeña minoría de habitantes ligados al poder.
MILLONES DE CAMPESINOS MURIERON
La revolución mexicana fue ante todo un movimiento agrario donde murieron aproximadamente un millón de campesinos en su lucha por obtener un pedazo de tierra del que habían sido despojados. Después de casi una década de guerra civil, en 1917 las demandas de los campesinos quedaron plasmadas en el artículo 27 Constitucional.
Dicho artículo es muy claro y sigue vigente solo se debe cumplir y aplicar bien. Así en su fracción XIX y XX dice: “La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria y el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicio de capacitación y asistencia técnica”.
Actualmente ha desaparecido la Secretaría de la Reforma Agraria con el argumento de que ya no quedan tierras que repartir, pero era la institución que se encargaba de resolver los conflictos agrarios derivados de abusos por invasión de tierras.
También han desaparecido los bancos y financieras agrícolas (Banco Ejidal, BANRURAL, Banpesca, etc.) que otorgaban créditos económicos a este sector. A partir del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado el campo y sus instituciones que los apoyaban han sido desmanteladas.
Y es que los campesinos no necesitan paliativos gubernamentales porque saben trabajar sus tierras, lo que necesitan es seguridad para trabajar, que no los invadan o despojen de sus bienes, que no los extorsionen o los asalten en las carreteras a la hora de comercializar sus productos.
Se necesita un programa integral a largo plazo que impulse el desarrollo agrícola tendiente a lograr la autosuficiencia alimentaria para no tener que importar granos básicos del extranjero. Evitar el coyotaje y ofrecer precios justos a sus productos a través de alguna institución gubernamental.
Desafortunadamente el panorama agrícola para 2024 se muestra sombrío ante la escasez de agua a menos que llueva lo suficiente en la próxima temporada agrícola.
Es urgente resolver el problema hídrico y de seguridad en el campo para hacer efectiva la sentencia de: “que coman los que nos dan de comer”.
