Fue un crimen inundar a Tula; abogados iniciaron demanda contra el gobierno
Fue un crimen inundar a Tula, un crimen que no debe quedar impune ni repetirse, porque se violaron derechos humanos… la Federación que es la instancia que cometió la negligencia de anegar Tula para salvar al Valle de México debe pagar y hay un 99.9 por ciento de posibilidades de ganar.
En estos
términos se expresó el doctor Gabino Eduardo Castrejón García, titular del
despacho jurídico que encabezará las demandas individuales de damnificados por
los desbordamientos del río Tula en septiembre pasado, los cuales provocaron que
miles de tulenses perdieran su patrimonio (vivienda, enseres domésticos,
negocios o trabajo).
Acompañado de sus colaboradores,
explicó a los afectados que el objetivo es que la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) responda por el daño en el patrimonio y psicológico que derivó de la
emergencia.
Pero, abundó que la querella también tiene
otras dos finalidades: que se respeten los derechos humanos de los oriundos de Tula
y obligar a los tres órdenes de gobierno a ejecutar obras verdaderamente efectivas
para evitar que vuelva a ver una nueva inundación, que, en este momento es lo
que más les preocupa a los damnificados, aseguró.
La defensora Ana Batriz Castrejón
Díaz (parte de la barra de abogados) afirmó que Tula fue inundada por una
decisión política, y que, por ello, deben pagar los responsables, desde los
altos funcionarios de la Conagua, hasta el presidente López Obrador.
Finalmente añadió que, para
interponer el proceso legal contra la Conagua, bajo la figura de
responsabilidad patrimonial del Estado se requieren de 6 a 8 meses de
anticipación y que el litigio tardará en resolverse de dos a cuatro o más años.
